Actualizado 05/11/2014 14:10 CET

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para dos detenidos en la huelga general de 2012

PALMA DE MALLORCA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía reclama cuatro años de prisión para cada uno de los dos acusados que fueron detenidos durante una manifestación convocada en Palma con motivo de la huelga general del 14 de noviembre de 2012, y que según el Ministerio Público incurrieron dos delitos de atentado, dos de desórdenes públicos y dos faltas de lesiones al enfrentarse, presuntamente, contra dos agentes que velaban por que la concentración se desarrollara con normalidad.

   En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación solicita además para cada inculpado, Marcel P. y Roberto A., el pago de una multa de 600 euros, al tiempo que pide que el primero indemnice a uno de los policías con 180 euros por las lesiones que supuestamente le provocó, y que el segundo abone 60 euros al otro de los agentes heridos. En concreto, ambos serán juzgados este jueves, a partir de las 11.10 horas, por el Juzgado de lo Penal número 4 de Palma.

   Según postula la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar sobre las 13.30 horas de la jornada de huelga, día en que fue convocada una manifestación no autorizada, señala, en la zona de Avenidas próxima a la Plaza de España, en la que participaron más de 300 personas que alteraron la seguridad vial y cortaron el tráfico, lo que motivó que se personara en el lugar un grupo de efectivos de la Policía Nacional.

   Tal y como sostiene la acusación, los manifestantes comenzaron a enfrentarse verbalmente con los agentes, entre ellos los dos acusados, que se encontraban en primera línea de la manifestación. Así, el Ministerio Fiscal apunta a que Roberto A., con ánimo de menoscabar el principio de autoridad, comenzó a propinar patadas a los agentes y a golpear con piernas y puños, alcanzando de este modo la mano derecha de uno de los policías.

   Por su parte, Marcel P., defendido por el abogado Josep de Luis, empezó presuntamente a empujar al cordón policial, logrando vender el escudo protector que llevaba el otro de los agentes, fracturándolo (razón por la que la Fiscalía reclama que pague 59 euros al Ministerio del Interior) e hiriéndole en consecuencia.

   La acusación asevera que, mientras tanto, un grupo que, incentivado por esa actitud y ante los supuestos gritos de Roberto A. de "vamos a por ellos, empujadlos", comenzó a lanzar objetos como paraguas, huevos y piedras contra los agentes. La marcha fue convocada por la Plataforma Anticapitalista bajo el lema 'Ni recortes, ni deuda'.

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