Funcionarios de prisiones en Baleares condenan la agresión sexual a una psicóloga en Sevilla y exigen protección

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de los centros penitenciarios de Mallorca, Menorca e Ibiza se han concentrado este martes ante las puertas de sus respectivas prisiones para condenar la agresión sexual sufrida por una psicóloga en la cárcel de Sevilla II.

Según ha informado CSIF, las concentraciones han sido convocadas por el propio sindicato y Acaip-UGT como muestra de solidaridad y para exigir medidas urgentes ante el aumento de la violencia en el ámbito penitenciario.

"Debe lanzarse un mensaje de tolerancia cero a agresiones a trabajadores de centros penitenciarios y exigimos a la administración que proteja a sus empleados", ha reclamado el delegado sindical de CSIF en la prisión de Palma, Iván Flores.

Según los sindicatos, lo ocurrido en Sevilla II no es un hecho aislado. "En los centros penitenciarios españoles se producen una media de una agresión cada 16 horas, más de 1.000 en los últimos dos años", han alertado, denunciando públicamente una "escalada de conflictividad" que pone en riesgo la integridad del personal penitenciario.

En esta última agresión en el centro de Morón, Sevilla II, una psicóloga fue agredida física y sexualmente durante una entrevista individual por un interno con numerosos antecedentes por violencia y delitos sexuales, que "inexplicablemente, permanecía en un módulo de respeto", según afirma el sindicato.

Marta Pérez, delegada sindical de CSIF en Ibiza, ha insistido en la necesidad de que sean "reconocidos como agentes de la autoridad, cuenten con medidas de protección actualizadas y dispongan de una clasificación adecuada de los internos dentro de los centros penitenciarios".

Así pues, los sindicatos han exigido al Ministerio de Interior una "respuesta inmediata y eficaz" que incluya la revisión y mejora de la clasificación interna de los internos, la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso ante incidentes y el reconocimiento legal de los empleados públicos penitenciarios como agentes de la autoridad.