García reivindica la mejora del servicio con las nuevas ambulancias del Gsaib y niega que suponga una privatización

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido que la contratación de las nuevas ambulancias del Gsaib implicará un "mejor del servicio" para los usuarios y ciudadanos de Baleares, al mismo tiempo que ha rechazado las acusaciones de privatizar el servicio.

De esta manera se ha pronunciado la representante del Govern durante su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlament para informar sobre la gestión del Gsaib.

La consellera ha mantenido que el régimen de 'renting' con el que se han contratado las ambulancias es algo que "habitualmente" se ha hecho en otras legislaturas y ha apuntado que las calificaciones de "privatizar el servicio" obedecen a una "estrategia" promovida desde el Gobierno central.

También ha citado los casos de adjudicaciones del IbSalut en casos como la adquisición de equipamientos, formación, sistemas informáticos o mantenimiento, que habrían formalizado sus antecesores en el cargo. García ha aclarado que ve "lógico" que estas contrataciones.

Asimismo, ha indicado que el despliegue de las ambulancias se hará progresivamente a lo largo de esta semana en las cuatro islas y ha argumentado que el hecho de que el personal del Gsaib se tenga que sacar el carné C para conducir las ambulancias es "una inversión" y no un "sobrecoste".

INTERNALIZACIÓN "SIN PLANIFICACIÓN" García ha comenzado su comparecencia con una descripción del proceso de internalización del servicio que arrancó en 2018 con el transporte sanitario urgente, que implicó la subrogación de 302 personas y 68 vehículos, y posteriormente en 2022 se internalizó el transporte sanitario no urgente, con 245 trabajadores y 118 vehículos.

Sin embargo, ha aseverado que se hizo "sin una planificación" y con una relación de puestos de trabajo "absolutamente ficticia", con 590 plazas creadas pero solo había 349 dotadas, frente a una plantilla real muy superior de 900 personas.

También ha alegado que la imposibilidad de contar con una bolsa de trabajo "obligaba a recurrir a contrataciones improvisadas" mediante ofertas del SOIB y generaba una estructura laboral "inestable".

"Esto no permitía llevar a cabo procesos de promoción interna y concursos y el veto a cualquier proceso de oposición para consolidar plazas, incluso la posibilidad de actualizar correctamente los salarios de los trabajadores al no estar adaptados retributivamente", ha mantenido.

Además, ha mencionado el caso de la subrogación de personal directivo con salarios de 70.000 euros anuales y "sin formación", algo que ha reivindicado que el Govern abordó para proceder a su "amortización".

Por lo que se refiere al convenio colectivo, ha mantenido que se firmó a las puertas de unas elecciones a modo de "foto con los sindicatos en plena campaña electoral", lo que "alimentó la conflictividad".

García ha destacado que desde 2024 se han alcanzado algunas metas como los avances en la elaboración de la relación de puestos de trabajo y para poner en marcha los procesos de contratación en 2026, la renovación de toda la flota de ambulancias, los cambios en los turnos para repartirlos de manera "equitativa" o la implantación de Atenea, como medio de prescripción único en todos los centros de la red pública, entre otros.