Garrido dice que una vivienda donde se ha celebrado una fiesta ilegal puede perder la licencia para ser comercializada

IBIZA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, ha defendido en Ibiza la aplicación del Decreto COVID aprobado por el Govern en 2020 que permite retirar la licencia de vivienda turística a un inmueble vacacional donde se haya celebrado una fiesta ilegal.

En rueda de prensa en Ibiza, Garrido ha afirmado que se está haciendo un trabajo importante por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad para localizar previamente estas fiestas que se celebran en viviendas vacacionales, lo que impide a los efectivos policiales irrumpir en ellas.

"Entre todos debemos sancionar de la manera más dura posible. La sanción comportaría la pérdida de esta licencia para poder comercializar la vivienda", ha dicho Garrido en relación a las casas que acogen eventos ilegales. Por el momento, ha reconocido, no ha sido retirada ninguna licencia debido a que se trata de un procedimiento largo.

Sobre las medidas anti COVID, Garrido ha explicado también que todas las Islas se mantendrán en nivel 1 de alerta sanitaria y ha recordado que el Govern balear prohibirá desde este sábado la venta de alcohol en establecimientos comerciales y gasolineras a partir de las 22.00 horas para evitar los botellones y, como consecuencia, el aumento de contagios por la COVID-19.

La consellera ha destacado que en Ibiza la incidencia acumulada a 14 días es ahora de 160 casos por cada 100.000 habitantes y en Formentera es de 100 casos. Garrido ha recordado además que se mantiene la prohibición de las party boats y la venta de alcohol en todo tipo de embarcaciones.

En rueda de prensa, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha reconocido también que los datos de contagios son "preocupantes", aunque ha valorado de manera positiva que, por ahora, no ha subido la presión hospitalaria. Una vez más, Marí ha pedido "prudencia" a los ciudadanos.

Asimismo, la consellera ha avanzado que el Govern ha presentado a los ayuntamientos varias medidas para combatir los incumplimientos y excesos, explicando así que se ha iniciado el expediente sancionador por valor de 200.000 euros contra el promotor de la fiesta de reggaeton en la plaza de Toros de Palma. Además, se han planteado ya propuestas de sanción por valor de 5,5 millones, 1 millón en el caso de la isla de Ibiza de los que 580.000 euros corresponden a locales. "Quien lo hace, lo paga", ha insistido.

La consellera ha anunciado también que crearán puestos de auxiliar COVID para ayudar a los policías locales; crearán la figura del policía local interino y se sufragará a los ayuntamientos el coste de vigilantes privados para cubrir determinados accesos y funciones.