El GOB advierte que legalizar el campo de polo de Campos supone una "grave perversión del proceso legislativo"

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha censurado que la legalización del campo de polo de Campos suponga una "grave perversión del proceso legislativo" y una "amenaza directa para la protección del territorio", por lo que ha pedido que se rechace su autorización.

La organización ecologista ha reaccionado de esta manera a la noticia publicada del intento de Vox de incluir una enmienda para legalizar esta instalación dentro de la Ley de Macrogranjas, con la "predisposición del PP" a apoyarla.

En una nota de prensa, el GOB ha señalado que el campo de polo de Campos está precintado desde el año 2017 por la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) para "desarrollar competiciones deportivas sin licencia ni autorización urbanística".

De este modo, han aseverado que esta situación de ilegalidad se "mantiene hasta hoy" pero, a pesar de esto, el año pasado se volvieron a celebrar competiciones, motivo por el que el Consell de Mallorca habría iniciado un expediente sancionador por incumplimiento grave.

"Esta reiteración de la actividad ilegal, con total impunidad, constituye una burla a la autoridad pública, a la normativa urbanística y a la ciudadanía que sí cumple las normas", han censurado.

El GOB ha indicado que las instituciones insulares les han trasladado que este campo solo cuenta con autorización para el adiestramiento de caballos pero "no para competiciones de polo", algo que ha confirmado por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Por esto, han criticado que el intento de Vox, con el "posible apoyo del PP", de legalizar este campo de polo mediante una ley "completamente ajena a la materia --como es la de las macrogranjas--, supone un precedente peligrosísimo", como sería convertir el Parlamento en "una herramienta para satisfacer intereses particulares y blanquear infracciones urbanísticas graves".

"Este tipo de prácticas desacreditan las instituciones, fomentan la inseguridad jurídica y destruyen la confianza ciudadana en la administración pública y en el Estado de derecho", han alegado.

Por otro lado, el GOB ha señalado que los campos de polo, como el de Campos, son equipaciones privadas que "ocupan una gran extensión de suelo rústico, con un fuerte impacto ambiental, hidrológico y paisajístico".

"Este modelo de desarrollo vinculado al turismo de lujo no responde al interés general, sino a una minoría privilegiada, y es profundamente incompatible con un modelo territorial sostenible, justo y resiliente", han puntualizado.

En ese sentido, han recordado que el GOB ya ha actuado en el pasado ante este caso, desde denuncias y alegaciones, hasta presión mediática y visibilización, para resaltar el impacto sobre el acuífero de la zona y recursos hídricos.

El GOB presentó alegaciones ya en 1999, en 2016 pidió la paralización y en 2017 se volvieron a presentar alegaciones contra las polémicas instalaciones de Sa Barralina, al advertir de la ilegalidad en suelo de Área Natural de Especial Interés (ANEI) y el "alto consumo de agua en zona de sequía crónica".

Estas quejas precipitaron la actuación de la ADT y el Consell con el precinto en 2017 y el expediente posterior. Por todo esto, han exigido el rechazo "contundente" en el Parlamento de "cualquier maniobra para legislar sobre este campo dentro de una ley no vinculada al territorio, porque ya está bien de que se hagan norma las legalizaciones retroactivas por intereses privados".