El GOB reclama que se retiren las "ocupaciones ilegales" de las zonas de servitud de tránsito en la costa de Mallorca

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha pedido la retirada "inmediata" de todas las "instalaciones y ocupaciones ilegales" de la zona de servitud de tránsito y protección de la costa mallorquina, así como una auditoría sobre el estado de la ocupación de esta franja.

La entidad ecologista ha hecho esta reivindicación a raíz de que el año pasado denunciara la ocupación "reiterada y completamente ilegal" de la zona de protección y servidumbre de tránsito en el litoral de Can Picafort, según ha indicado en un comunicado.

Una situación que pose en evidencia un "descontrol institucional grave y sostenido en el tiempo", y que supone una "amenaza" para la conservación del litoral, la seguridad y los derechos colectivos.

Después de una investigación ciudadana y técnica impulsada a raíz de una denuncia, el GOB ha confirmado --según un acta de inspección del Consell de Mallorca de este mes de abril-- que más de 30 establecimientos comerciales "ocupan desde hace años zonas de protección, de servidumbre de tránsito e incluso dominio público marítimo-terrestre (DPMT) con terrazas, mobiliario y otros elementos, sin ninguna autorización vigente desde el año 2016".

Por eso han advertido que, a pesar de que algunas de estas ocupaciones solo han sido formalmente denunciadas recientemente, la "falta de control y actuación" por parte de las administraciones ha sido "absoluta durante años".

"Solo ahora, en 2025, se han empezado a tramitar algunas solicitudes de autorización, mientras las ocupaciones continúan plenamente operativas y visibles. A este panorama se suma la organización de un mercado semanal sobre la misma franja de servidumbre de tránsito, así como obras e instalaciones privadas que no constan como autorizadas porque legalmente no se pueden autorizar", han señalado.

El GOB ha apuntado que seguramente Can Picafort "no es un caso aislado", sino que lo que pasa allí es "extrapolable a todo el litoral balear" y la gravedad de la situación "se acentuada por la absoluta confusión competencial entre instituciones".

El Consell de Mallorca ha alegado que, mediante dos documentos firmados por el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y la directora insular de Urbanismo y Planeamiento Municipal, Maria José Frau, afirma "no tener competencias sancionadoras, ni de policía en la servidumbre de tránsito", por lo que se las atribuye a la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua.

Por su parte, la misma Conselleria traslada toda la responsabilidad de autorización y gestión al Consell de Mallorca, al indicar textualmente que este es "el organismo competente" para estas actuaciones.

"Esta situación no solo ejemplifica una dejadez preocupante en el caso concreto de Can Picafort, sino que abre la puerta a la misma vulneración legal a toda la costa urbanizada de Mallorca. A día de hoy, ninguna administración reconoce estar controlando, ni sancionando las ocupaciones ilegales de una franja de terreno que, por ley, tendría que estar libre para el tránsito público y para servicios de emergencia y seguridad", ha sostenido.

El GOB ha señalado que según la Ley de Costas la zona de servidumbre de tránsito es una franja de seis metros desde el límite interior de la ribera del mar hacia tierra, que tiene que permanecer libre para el paso de peatones, vehículos de salvamento y vigilancia.

Sin embargo, han recalcado que la ocupación no autorizada de esta zona "obstruye vías de evacuación y salvamento, reduce la accesibilidad y el derecho al litoral como espacio público, representa un riesgo para la salud y la seguridad, y constituye una vulneración flagrante de la legalidad vigente", han sostenido.

Por estos motivos, además de las peticiones formuladas ya mencionadas, el GOB también reivindica una clarificación "urgente" del reparto competencial entre administraciones con el fin de garantizar la protección efectiva del litoral y la apertura de expedientes sancionadores "a todos los infractores".

"La costa es un bien común e irrenunciable. Su privatización de facto, fruto de la desidia administrativa, es una vulneración de los derechos colectivos y de la protección ambiental que exige una respuesta contundente e inmediata", han argumentado.