PALMA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, han aducido este jueves razones "de oportunidad y legalidad" para frenar la compra de 88 viviendas a Metrovacesa y han adelantado que pondrán el asunto en manos de la Fiscalía por si se hubiera producido un delito.
En rueda de presa, los consellers han asegurado que la operación para adquirir viviendas de lujo por valor de 28,5 millones de euros contaba con informes en contra y carecía, además, de varios informes preceptivos.
A grandes rasgos, según han explicado, la operación es "nula de pleno derecho" y hubiera supuesto un perjuicio para las arcas públicas de más de 10 millones de euros, a causa del sobreprecio de adquisición de un 40 por ciento en relación al precio máximo tasado por metro cuadrado, al pago de un IVA del 21 por ciento --que hubiera sido del cuatro si se hubiera hecho unas semanas después-- y a más de 400.000 euros de inversión en la adecuación de las viviendas.
En relación a la premura en la ejecución de la operación por parte del anterior Govern, en aquel momento en funciones, Costa ha asegurado que desconoce los motivos de una decisión que Vidal, por su parte, ha calificado de "política en lugar de técnica".
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