El Govern constituye la comisión que se encargará de evaluar los proyectos de interés estratégico de promotores privados

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha constituido este miércoles la Comisión Aceleradora de Proyectos Estratégicos (CAPE), el órgano que se encargará de evaluar las solicitudes de declaración de los proyectos de especial interés estratégico (PEIE) presentados por promotores privados.

Esta nueva estructura, ha indicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, se enmarca en decreto de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de Baleares.

La normativa, convalidada por el Parlament y que ahora se tramita como proyecto de ley, persigue el objetivo de simplificar los procedimientos, reducir plazos y facilitar la captación de inversiones con alto impacto económico, social y ambiental.

La comisión tiene como función principal evaluar las solicitudes de declaración de especial interés estratégico analizadas previamente por la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE) y proponer su elevación al Consell de Govern.

Además, la CAPE también realizará el seguimiento de los proyectos declarados, recibirá información sobre modificaciones o desistimientos, identificará barreras administrativas y formulará propuestas de mejora para reducir plazos y facilitar la tramitación.

La CAPE está adscrita a la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación y está presidida por el conseller del ramo, Antoni Costa, mientras que la vicepresidencia recae en la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló.

Estará formada, además, por representantes de las direcciones generales competentes en coordinación, empresa, industria, energía, armonización urbanística y evaluación ambiental e innovación, a las que pueden sumarse otras en función de la materia de los proyectos a tratar.

También podrán asistir, en función de la naturaleza de cada proyecto, representantes de los consells insulares, ayuntamientos afectados, la Administración General del Estado y personas expertas.