El Govern reclama en Europa medidas concretas para afrontar los retos de la insularidad

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido en la Asamblea general de la Comisión Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) la necesidad de un cambio real en las políticas comunitarias para que tengan en cuenta las especificidades de la insularidad e incorporen medidas concretas para compensar sus desventajas estructurales.

Esta ha sido la principal línea de la participación de la directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, Xesca Ramis, en la Asamblea general celebrada en Cagliari (Cerdeña), según ha trasladado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

La Comisión Islas ha aprobado la Declaración de Cagliari 2026, un posicionamiento conjunto que reclama a la Unión Europea pasar del reconocimiento de las dificultades de los territorios insulares a la adopción de medidas estructurales y efectivas.

Durante su intervención, la directora general ha subrayado que los territorios insulares deben situarse en el centro de las políticas estratégicas europeas y que es necesario avanzar hacia una "verdadera cláusula de insularidad europea que permita adaptar las políticas comunitarias a su realidad".

En este sentido, ha puesto en valor el papel de Baleares como "referente en la transformación del modelo turístico", apostando por un modelo basado en el valor añadido, el bienestar ciudadano y el equilibrio territorial, en línea con el dictamen europeo hacia un turismo sostenible y resiliente.

Ramis también ha destacado iniciativas como el Pacto por el Agua del Govern, incidiendo en la importancia de una gestión "eficiente, innovadora y sostenible" de los recursos hídricos en territorios con limitaciones estructurales.

Asimismo, ha defendido la necesidad de ordenar la presión turística, gestionando mejor la capacidad de carga y reduciendo saturaciones para garantizar la calidad de vida de los residentes.

En materia de vivienda, ha advertido que se trata de uno de los principales desafíos sociales de las islas y ha reclamado herramientas europeas específicas para impulsar vivienda asequible, reforzar la oferta para residentes y facilitar alojamiento para trabajadores esenciales, así como intensificar la lucha contra la oferta ilegal.

Además, ha puesto el acento en la importancia de la formación de los trabajadores para garantizar unos servicios de calidad y en la necesidad de adaptar las políticas europeas en ámbitos como el transporte, la conectividad y la cohesión social a la realidad de territorios como Baleares.

La Declaración de Cagliari incorpora diversas aportaciones impulsadas por Baleares, entre ellas el reconocimiento de la doble insularidad y de las realidades internas de los archipiélagos, así como la necesidad de tener en cuenta la presión residencial y turística y los desequilibrios demográficos y socioeconómicos.

También se ha reforzado la exigencia de que la normativa europea incorpore evaluaciones de impacto territorial más rigurosas para evitar efectos negativos sobre los territorios insulares, así como que el futuro presupuesto europeo incluya medidas específicas para compensar las desventajas estructurales de las islas mediterráneas no ultraperiféricas, como Baleares.

El texto pone el acento en la necesidad de garantizar una conectividad adecuada -marítima, aérea y digital- para asegurar la competitividad y la igualdad de oportunidades, así como en el desarrollo de la economía azul, la transición verde y la retención de talento.