PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia a destinar un importe de 9,4 millones de euros para la renovación de los conciertos del servicio de curatela y apoyo para personas adultas en el ejercicio de su capacidad jurídica desde 2026 a 2029.
En base a este acuerdo, la entidad Fundación Aldaba percibirá 7.132.304,28 euros y la Fundación Tutelar Demà, un total de 2.274.925,20 euros. El concierto contempla 550 plazas, de las que 100 están concertadas con la Fundación Tutelar Demà y 450, con Aldaba. De ellas, 77 son en Ibiza.
Lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.
Esta acción, ya concertada, contempla la actualización aprobada el pasado mes de julio que daba respuesta a las reivindicaciones de las patronales foQua y UNAC, y de los sindicatos más representativos, ha explicado.
Se trata de una mejora que supone "un paso decisivo para reforzar el compromiso con la dignidad laboral y garantizar una atención de calidad a las personas con discapacidad" y que asegura la sostenibilidad de las entidades sociales y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.
La actualización de precios contemplaba los incrementos progresivos hasta 2027 del precio mensual por plaza del área jurídica-económica y de los niveles (reducido, medio o intenso), así como los incrementos de precios en el caso de las plazas en la isla de Ibiza.
Por ejemplo, para el nivel intenso, el precio por plaza en 2025 es de 421,89 euros y de 471,71 euros en el caso de Ibiza, y en 2027 será de 450,11 euros y de 499,98 euros en la mayor de las Pitiusas.
El servicio de atención a personas adultas incapacitadas judicialmente tiene por objeto cubrir las necesidades de apoyo, protección y garantía de todos los derechos, tanto personales como patrimoniales, y promover la autonomía personal de las personas incapacitadas judicialmente o en proceso de incapacitación de acuerdo con la correspondiente resolución judicial.