PALMA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, han mantenido este miércoles un encuentro con el Consejo Escolar de Baleares a quien se ha trasladado la voluntad del Ejecutivo de desplegar "con la máxima complicidad" la ley de Educación aprobada recientemente.
El conseller March ha explicado en declaraciones a los medios que, entre otros, el objetivo del encuentro era exponer de qué manera se va a desarrollar la ley de Educación, primer paso para el despliegue de futuros reglamentos y normas específicas.
March ha resaltado la necesidad de la reunión con el Consejo Escolar porque en él participa toda la comunidad educativa.
"Queremos potenciar la participación para que el despliegue de la ley de Educación se haga con la máxima participación y complicidad, junto al trabajo de las mesas sectoriales", ha señalado el conseller.
March ha señalado que ya se está trabajando en distintas normas y planes de actuación, así como en otros asuntos como los decretos de currículums derivados de la Lomloe en el marco de las competencias propias.
Por su parte, la presidenta del Consell Escolar, Pepita Costa, ha resaltado la voluntad política de desplegar los aspectos de la nueva ley, entre los que ha destacado los planes de inclusión, infraestructuras y coeducación, "muy importantes".
Costa ha subrayado que la Educación se enfrenta a retos de futuro que implicarán el salto a una enseñanza más competencial.
La presidenta del Consell Escolar ha expresado su esperanza en que el desarrollo de la norma sea posible gracias a la dotación presupuestaria, "Esperamos que así sea", ha concluido.
Según ha explicado la Conselleria, con esta reunión se da el pistoletazo de salida al despliegue de la Ley, que supone la aprobación de más de 50 actuaciones normativas, y, próximamente, se continuará ejecutando un calendario de reuniones para poder continuar explicando el despliegue normativo.
Los encuentros se llevarán a cabo con los consejos escolares de cada isla, con las mesas de participación educativa existentes, con los agentes económicos y sociales y con los diversos grupos parlamentarios.
Algunos de los planes que incorpora la nueva normativa ya están aprobados y en funcionamiento, como el Plan de Coeducación, el Plan de Infraestructuras Educativas (de hecho, ya se está trabajando en una nueva edición para los años 2023-2027) o el Plan Integral de Formación Profesional, que se puso en marcha en 2018 y que este año contará con una nueva versión para impulsar la FP.
Según han apuntado, está previsto el despliegue de acciones normativas de descentralización educativa como el Decreto del Reglamento Orgánico de Centros (ROC), el Decretos de currículums educativos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, la Normativa autonómica de perfilación de plazas de centros educativos públicos, la Regulación de la carrera profesional de los docentes, el Decreto de regulación de las direcciones territoriales de Educación.
Por su parte, está previsto desplegar acciones de equidad educativa como el Decreto de Educación Infantil, el Plan de creación y mantenimiento de escoletes de educación infantil 0/3 o el Decreto de inclusión educativa.
Igualmente, se aprobarán acciones vinculadas a la escuela concertada como servicio público como el Decreto de conciertos educativos, el Plan de equiparación retributiva del personal de la concertada y el Plan de actualización de módulos de conciertos.
En materia de normativas sobre políticas educativas, se aprobarán el decreto de Inspección Educativa, el decreto de plurilingüismo, el decreto de participación educativa y el decreto de regulación del Instituto de Enseñanzas Superiores Artísticas.
También está previsto aprobar el plan de reducción de ratios educativas, el plan integral de Formación Profesional, el plan de infraestructuras educativas de las Islas Baleares, el desarrollo del Plan de digitalización de los centros educativos de Baleares, el desarrollo del Plan de Coeducación y el Acuerdo de colaboración con la UIB para la mejora de la formación inicial del profesorado.
Según han recordado, la Ley de Educación aprobada en el mes de febrero es la primera ley integral de educación de las Islas y nace de la iniciativa Illes per un Pacte, lanzada en 2016 por parte de la comunidad educativa para impulsar una política educativa basada en el consenso y el diálogo.
Incorpora medidas como el compromiso, por parte del Govern, de una inversión en educación equivalente al 5 por ciento del PIB, la reducción de las ratios en un 10 por ciento, la autonomía de centros o la creación de varios espacios de participación de los diversos agentes de la comunidad educativa.
Además, la ley tiene como objetivo dar estabilidad a la educación de Baleares, también a través del empleo de calidad. Es por eso que desde 2015 el número de docentes en las Islas ha crecido en más de 2.000 y se han sacado 2.779 plazas a oposición.
El objetivo es que, entre 2022 y 2024, se saquen 3.537 plazas más y reducir la tasa de interinidad hasta el 15%, mientras que en 2015 era del 37%.
