PALMA DE MALLORCA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, firmó hoy el decreto por el cual resuelve el contrato de compraventa del solar de Can Domenge a la UTE Sacresa-Ferrà Tur, después del incumplimiento de los plazos de construcción de las viviendas establecidos en el concurso que esta unión de empresas ganó en la pasada legislatura y por el que pagó 30 millones de euros.
En rueda de prensa, Armengol explicó que en caso de que la UTE acepte la rescisión del contrato, para lo cual tiene un plazo de un mes, el Consell debería solicitar un crédito extraordinario para devolver a la cantidad que dicha UTE desembolsó para la compra del solar.
Sin embargo, el conseller de Economía, Antoni Alemany, explicó al término de la rueda de prensa que la Institución Insular está cerrando un acuerdo político con la Conselleria de Vivienda para que sea el IBAVI el que adquiera el solar y construya en él más de 600 VPO.
De esta manera, sería el Govern y no el Consell el que sufragaría el coste del solar, que volverá a manos de la administración de manera "inmediata", a no ser que la UTE decida presentar un recurso contencioso administrativo contra el Consell, "lo que retrasaría el proceso entre tres y cuatro años", explicó Alemany en declaraciones a Europa Press.
Armengol anunció que ante la relevancia de esta decisión ha decidido que la resolución del contrato se debatirá y se votará en un pleno del Consell de Mallorca el mes de febrero, ya que, según indicó, la anterior presidenta del Consell, Maria Antonia Munar, también llevó a pleno la adjudicación del solar a la UTE, que logró con los votos de su partido y del PP.
Según explicó Armengol, hoy mismo el Consell se pondrá en contacto con responsables de la UTE con el fin de intentar lograr un acuerdo lo "antes posible" de cara a evitar un proceso judicial que retrasaría la futura construcción de VPO en dicho solar palmesano. El Consell quiere que la UTE acepte la cifra de 30 millones de euros -sin ningún gravamen añadido-, y no prevé devolver a la empresa los 800.000 euros de aval que abonó.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)