IBIZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
La piscina municipal de Can Misses se ha visto obligada a cerrar sus puertas durante la mañana de este miércoles para poder reparar los daños causados por varios individuos que han accedido durante la madrugada a las instalaciones y han provocado varios daños.
Según ha informado el Ayuntamiento, la piscina ya ha reabierto después de que equipos de limpieza, técnicos y personal de mantenimiento trabajaran para devolver las instalaciones a su estado habitual.
Según se sabe hasta el momento, varios individuos accedieron entre las 01.30 y las 02.00 horas al interior de la piscina de Can Misses, supuestamente forzando una de las ventanas superiores y accediendo desde el tejado de las instalaciones. Una vez dentro, han vaciado todos los extintores en diversas dependencias y en la propia piscina. Además, han roto el cristal de una de las puertas.
Los extintores han sido repuestos, la empresa de seguridad ha instalado nuevas alarmas y sistemas de seguridad y se han reforzado la seguridad de las ventanas en los puntos por donde se sospecha que accedieron los individuos. El cristal será sustituido en las próximas horas.
Hace unos días ya se había producido un acceso por parte de unos jóvenes e incluso personal municipal se tuvo que enfrentar a un grupo de menores que hace unos días pretendían entrar en las instalaciones por la fuerza fuera del horario permitido y con las instalaciones ya cerradas al público.
En uno de estos accesos uno de los autores olvidó su teléfono móvil, que ya se encuentra en poder de la Policía Nacional para facilitar su identificación.
A la espera de identificar a los autores y realizar una cuantificación más detallada de los daños causados, los responsables podrían enfrentarse a una doble responsabilidad.
Por un lado, la responsabilidad civil en forma de multa económica que el Ayuntamiento les reclamará en función de los daños causados y por otro lado la responsabilidad penal por un supuesto delito de daños, con el agravante de haber afectado a los intereses generales al haberse visto obligados a cerrar una instalación pública municipal. Estos delitos conllevan penas de prisión de 1 a 3 años y multas de 12 a 24 meses.
El Ayuntamiento ha expresado su "más profundo rechazo" a estos hechos que ya han sido denunciados y colaborará para identificar y sancionar con toda la dureza posible a sus autores.
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