La izquierda da por acreditadas las órdenes políticas de Cort para no reforzar las OAC ante la regularización

PALMA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La izquierda ha dado por acreditadas las órdenes políticas del Ayuntamiento de Palma para no reforzar las oficinas de atención a la ciudadanía (OAC) ante el aumento de la demanda derivado de la expedición de informes de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria de personas migrantes.

La coordinadora de Servicios Sociales de Cort, Patricia Pizà, ha comparecido este jueves en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía a petición de la diputada de Unidas Podemos, Lucía Muñoz.

Tanto la regidora morada como el resto de representantes de la izquierda le han dirigido una batería de preguntas relacionadas con el proceso de regularización y las supuestas órdenes políticas dadas desde el Consistorio para no reforzar la plantilla de las OAC, que se encargan de recibir y tramitar los informes de vulnerabilidad que algunos migrantes necesitan para acogerse a la medida.

Según ha explicado a Europa Press el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras, que ha estado presente en la comisión, Pizà no ha respondido a "prácticamente nada" durante su primera intervención.

Después de que los grupos municipales de la izquierda le reformularan las preguntas la coordinadora de Servicios Sociales ha admitido que se dieron, en palabras del ecosoberanista, "instrucciones o directrices políticas" para no reforzar las OAC pese al incremento de la carga de trabajo, aunque no ha aclarado quién las dio.

La responsable municipal ha alegado que esta decisión se tomó con la intención de que el resto de servicios que ofrece el Ayuntamiento a la ciudadanía no vieran mermada su capacidad de acción y funcionaran con normalidad.

Contreras le ha recriminado que el hecho de reforzar determinados servicios cuando hay un pico de demanda es "algo habitual en la administración" y ya se hizo, por ejemplo, durante la pandemia del coronavirus.

Estas supuestas órdenes políticas han sido denunciadas públicamente por parte de partidos como MÉS per Palma y el PSOE de Palma, que han exigido la dimisión de la regidora de Servicios Sociales, la 'popular' Lourdes Roca.

También han afirmado su existencia trabajadores de los propios servicios sociales municipales y entidades como la Red por la Inclusión EAPN Baleares, que han acusado a Cort de tratar de poner freno al proceso de regularización.

4.000 SOLICITUDES PERO NINGUNA TRAMITADA

La coordinadora de Servicios Sociales, por otro lado, ha detallado que las OAC han recibido ya cerca de 4.000 solicitudes para expedir certificados de vulnerabilidad, pero que por el momento no se ha empezado a tramitar ninguno.

Esto se debe, ha justificado, a que tan solo hay cinco funcionarios de la OAC Social a cargo de estas labores, tres para atender a los usuarios y dos para la tramitación de los informes.

La regularización de migrantes ha ocupado buena parte de la reunión de la comisión de este jueves, con el debate de varias mociones al respecto de cara al pleno de la semana que viene.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que estos cinco funcionarios, además de los informes de vulnerabilidad, tienen que atender y tramitar varios servicios sociales más. 

   Por lo tanto, han defendido, la propuesta de la izquierda de destinarlos a todos a la atención al público con el objetivo de aligerar las colas registradas los primeros días del proceso de regularización no es una medida viable. 

   El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reiterado en diversas ocasiones que la situación vivida en las OAC "es consecuencia de una medida impulsada sin planificación, sin dotación de recursos y sin coordinación con las administraciones locales, que son las que están asumiendo en primera línea todas las consecuencias del proceso".

   "Esta transferencia de responsabilidades sin recursos es inasumible", ha expuesto el primer edil, quien ha exigido al Gobierno que adopte "de manera urgente" las medidas necesarias para asumir directamente la gestión del proceso, dotarlo de medios suficientes y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos.