PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, ha decretado el archivo de la causa abierta contra el expresidente del Govern José Ramón Bauzá por presuntos delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento público por no haber convocado concurso de méritos en su día para la adjudicación de oficinas de farmacia.
Contra el auto cabe recurso de reforma ante el propio Juzgado, o de apelación ante la Audiencia Provincial de Baleares. La querella que dio inicio a las investigaciones, interpuesta por un farmacéutico, iba dirigida asimismo contra el exconseller de Salud Martí Sansaloni y el exdirector general de Gestión Económica y Farmacia, Vicente Sánchez, y fue posteriormente ampliada contra la exsecretaria general de la Conselleria de Salud Lucía Matías.
El juez ha acordado finalmente el sobreseimiento del caso una vez practicadas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, y que se han centrado principalmente en el análisis de diversas resoluciones sobre la ordenación farmacéutica en Baleares, el concurso para la apertura de nuevas oficinas de farmacia y la ejecución del mismo.
La Audiencia dictó un auto en febrero del pasado año con el que ordenaba al Juzgado admitir a trámite la querella después de que el juez la inadmitiera en primera instancia.
El querellante alegaba que el anterior Govern había autorizado la creación de nuevas farmacias en Baleares desde febrero de 2009 hasta mayo de 2011, mientras que en octubre y noviembre de ese año se autorizaron dos más. Sin embargo, recriminaba que no fue hasta agosto de 2013 cuando el actual Ejecutivo instó la convocatoria del concurso de méritos para determinar a quién debían ser adjudicadas.
La Audiencia aseveraba que los hechos narrados en la querella, "desnudos, como han sido ofrecidos al juzgador, sí revisten de modo indiciario apariencia" delictiva.
Es más, señalaba que, si bien el retraso en la apertura del concurso "pudo obedecer a la simple o intrínseca lentitud de la Administración o a otros intereses, o a la propia situación económica", situación en la que que podría apreciarse "atisbo alguno de omisión grosera, flagrante y evidente del ordenamiento jurídico", la presunta actuación delictiva por parte del Govern "no puede descartarse con la rotundidad necesaria" hasta que no se practicasen las pruebas de investigación pertinentes.
Por su parte, Cristóbal Pons, el farmacéutico que se querelló contra Bauzá manifestó ante el juez cómo Sansaloni "recibía órdenes" del jefe del Ejecutivo respecto al concurso ya que, tal y como exponía en su denuncia, éste tenía "intereses personales en el sector".
Pons incidía así en que Bauzá tenía "algo que ver" con las decisiones adoptadas en torno al retraso de la convocatoria, en agosto de 2013, del concurso para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia, a pesar de que el anterior Govern las había autorizado entre 2009 y 2011.
