El juez deja en libertad con cargos al empresario Jaime Julio Fernández Abad y su a esposa dentro de la operación Scala

PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS)

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, decretó hoy libertad con cargos para el empresario Jaime Julio Fernández Abad y su esposa, Daniela B.N., tras imputarles los delitos de malversación, falsedad documental y defraudación a la administración, en el marco de la Operación Scala, mediante la cual la Fiscalía investiga una supuesta trama de corrupción en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), gestada en la pasada legislatura y a través de la cual se podrían haber malversado hasta 5 millones de euros.

Así, tras interrogar Abad, de 76 años, y administrador de 'Sayju 2005 SL' y 'Franco Galaica de Inversiones SL', ambas sitas en Palmanova (Calviá); y a su esposa, el juez les ha dejado en libertad con cargos, tal como solicitaba el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, aunque les ha retirado el pasaporte prohibiéndoles salir del país y les ha obligado a acudir a los juzgados cada vez que se les requiera. Abad y Daniela B.N. fueron trasladados esta mañana a los Juzgados de Vía Alemanya, en Palma, tras ser detenidos el pasado lunes por su relación con la citada trama de corrupción en el CDEIB.

El juez y el fiscal ya han interrogado también al empresario Joan Rosselló Borrás, administrador del 'Estudi Joan Rosselló SL' y de 'Fires Geremi SL, de 48 años. En este momento está prestando declaración la ex gerente del CDEIB, Antonia Ordinas, quien el pasado martes se acogió al derecho a no declarar ante la Policía Nacional.

En las próximas horas, Morell y Carrau interrogarán a los otros dos detenidos que aún quedan por prestar declaración, a la mujer de Ordinas, Isabel Rosselló, y al ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene.

Está previsto que el magistrado finalice los interrogatorios antes de la hora de comer, según informaron a Europa Press fuentes judiciales, de forma que antes de las 16.00 horas se conocerá si Morell decide dejar en libertad con cargos o si ordena el ingreso en prisión preventiva de los cuatro detenidos que quedan ante el riesgo de fuga y de que puedan entorpecer la investigación judicial, teniendo en cuenta que la malversación de caudales públicas podría haber alcanzado los 5 millones de euros.

Kurt Viaene fue detenido ayer y está relacionado con el cobro de comisiones que exigía Ordinas. En cambio, la ex gerente del CDEIB y su mujer y administradora única de 'Gabinete Alays SL, Isabel Rosselló, así como los otros tres arrestados habían agotado el plazo de 72 horas que fija la Ley para tener arrestada a una persona en los calabozos de la Policía Nacional antes de que pase a disposición judicial.

Todos los detenidos llegaron a los Juzgados de Via Alemania esposados y ninguno se ha tapado la cara, excepto los dos empresarios. La primera en llegar fue Ordinas, a las 09.07 minutos, quien, tras ser preguntada por los periodistas, aseguró que "no voy a hacer ninguna declaración a los medios por el momento, pero las haré".

Además de estos arrestados, se encuentran imputadas otras siete personas en relación a esta operación, denominada Scala, y desarrollada en colaboración con la Agencia Tributaria de Baleares y los funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica. Así, también fueron detenidos y puestos en libertad con cargos Crescencia. M. C., administradora de 'Fires Geremi SL' y apoderada de 'Estudi Joan Rosselló', de 48 años; Felipe Bravo., de 36 años, administrador de la empresa 'Gourmet and Boutique Islands SL' y con relación en "Comarca Global Consulting'; Juan J.V.J., empresario de 'Divulgalia SL' y 'Quid Grafic SL', de 46 años; María V.G.M., administradora de 'Taller Gráfic 3,1,SL', de 45 años de edad; y los empresarios Mateu M.R, Francisco M.C. y Manuel S.V.

Se trata de una nueva operación contra la corrupción en Baleares relacionada con la gestión del Partido Popular en la pasada legislatura, bajo la máxima dirección de Jaume Matas. Concretamente, el Ministerio Fiscal investiga si Ordinas, que está defendida por el abogado Eduardo Valdivia, podría haber cometido los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos por valor de 5 millones de euros, al haber beneficiado con dinero público y sin concurso previo a personas y empresas allegadas que trabajaron para el Consorcio, entre la que se encontraría su propia mujer, a la que contrató en diversas ocasiones para que ofreciera conciertos en el extranjero.

La Fiscalía Anticorrupción lleva semanas investigando toda la documentación existente, facilitada en gran parte por la actual Conselleria de Comercio, de la que depende el CDEIB, que pueda arrojar luz sobre la supuesta trama de corrupción urdida por Ordinas durante la época de Matas, y que el actual Ejecutivo autonómico, liderado por el socialista Francesc Antich, detectó y denunció a la Fiscalía Anticorrupción.

El operativo fue dirigido por la jueza de instrucción 4 de Palma, Piedad Marin, y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Durante los últimos días, se realizaron varios registros en los inmuebles de los sospechosos, entre los que se encontraban el de Ordinas y Rosselló. Esta última figura como la titular de una empresa -Gabinete Alays S.L-, a la que Ordinas adjudicó, vía el CDEIB, informes por valor de 86.000 euros.

La Fiscalía abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el actual Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del Consorcio. El Ejecutivo pidió a Ordinas y al entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, que hicieran efectivo las cuantías que adeudaban. Viaene devolvió el dinero, pero Ordinas siempre se negó en rotundo asegurando que se trataba de partidas necesarias para pagar las elevadas dietas.