Se les imputan cuatro delitos de homicidio imprudente, otros cuatro de lesiones y uno contra la seguridad de los trabajadores
PALMA DE MALLORCA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 3 ha condenado a dos años y tres meses de cárcel al arquitecto Arturo Vila y al aparejador José Luis Pujol, acusados por el derrumbe parcial del hotel Son Moll, de Cala Ratjada, que costó la vida de cuatro operarios que estaban trabajando en las obras de reforma de la instalación. Mientras tanto, ha impuesto dos años de cárcel a los constructores que intervinieron en los trabajos, Bartolomé Estelrich y Rafael Sancho Febrer así como al jefe de obra Juan Bonet.
Así consta en la sentencia notificada esta mañana a los abogados de los cinco procesados, para quienes el fiscal Miguel Ángel Anadón reclamaba tres años y medio de cárcel. En concreto, el magistrado Jaime Tártalo condena a todos ellos por cuatro por homicidio imprudente, cuatro por lesiones imprudentes y uno contra los derechos de los trabajadores, mientras que aplica para cada uno de ellos las atenuantes de confesión y reparación del daño.
La resolución considera probado que la "absoluta falta" de valoración y planificación, la ausencia de una adecuada dirección de obra y de ejecución así como de coordinación y vigilancia y el "deficiente" control del desarrollo de las obras y de sus condiciones de seguridad, provocaron el colapso de la fachada norte del edificio y que los forjados del edificio anexo al hotel del grupo Serrano Hoteles cedieran, desplomándose tres plantas y quedando sepultados los trabajadores que allí operaban.
Después de conocer el fallo, el abogado de Vila, Gabriel Garcías, ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, al mostrar su disconformidad con la condena impuesta a su patrocinado. La resolución judicial absuelve, mientras tanto, a la administradora del hotel siniestrado, Rosalía Vidal, y al arquitecto estructurista Bernat Pere Nadal, al considerar que no incurrieron en delito alguno.
Se da la circunstancia de que durante el juicio, celebrado en la Audiencia, la inspectora de Trabajo que se encargó de la investigación del derrumbe indicó que el siniestro se podría haber evitado si la dirección facultativa o la UTE contratista, integrada por las constructoras Consestelrich y Rafael Truco, cuyos administradores están defendidos por los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, hubieran ordenado el apuntalamiento de los forjados o un sistema de refuerzo mediante el apeo de los muros.
Mientras tanto, el jefe de Bomberos Santiago Rovira apuntó como causa más probable del accidente un colapso de la pared central de carga, situada en la calle Tritón, de forma que consideró "improbable" que el edificio se viniera abajo tras un colapso progresivo de los forjados, que pueden acabar "arrastrando a una pared de mampostería con materiales muy heterogéneos".
Por su parte, el agente de la Guardia Civil que se encargó de la instrucción de las diligencias que se incoaron tras el derrumbe descartó durante su declaración que la causa del desplome fuera un embalsamiento de agua en la cubierta, teniendo en cuenta que había sumideros y salidas suficientes para que no se acumulara el agua caída el día del accidente y las jornadas precedentes por las fuertes lluvias.
Cabe recordar que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Manacor, Martina Mora, decretó en la madrugada del 20 de diciembre de 2008 libertad sin fianza para Vila, Pujol y Bonet, tras declarar en una maratoniana jornada durante más de diez horas. La Fiscalía, en su escrito de acusación, pide además que los acusados indemnicen de forma solidaria a los familiares de los fallecidos así como a quienes resultaron heridos a raíz del derrumbe.
