PALMA DE MALLORCA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha abierto juicio oral contra la secretaria general de CCOO en Baleares, Katiana Vicens, para quien la Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel por presuntamente romper la luna de un autobús durante un piquete en la huelga general celebrada el 29 de marzo de 2012.
Mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza acuerda que Vicens se siente finalmente en el banquillo y decreta para ella una fianza de responsabilidad civil de 2.638 euros. En concreto, la líder sindical será juzgada por un delito contra los derechos de los trabajadores (por el que la acusación pública pide la pena de prisión y una multa de 12.960 euros) y otro de daños (por el que solicita otros 12.960 euros).
Al respecto, el secretario de comunicación de CCOO en Baleares, Francesc Mellado, ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que los hechos por los que Vicens irá a juicio "no son ciertos" al tiempo que ha considerado "totalmente desproporcionada" la condena que reclama la Fiscalía.
En esta línea, Mellado ha aseverado que "nos sorprende que haya unos cuarenta procedimientos judiciales similares en todo el Estado, y no creemos en las casualidades".
Precisamente, el secretario de organización del sindicato, José Luis García, atribuyó por su parte esta denuncia "falsa", presentada por un trabajador del sector del transporte de la Estación Intermodal de Palma, a un intento de "criminalizar la protesta" y de "debilitar el derecho de huelga".
Tal y como manifestó en rueda de presa, la denuncia está enmarcada en una campaña de "desprestigio" por parte de sectores ultraconservadores a quienes "les interesa que personas relevantes de sindicatos estén imputadas por delitos contra los trabajadores y dar un mensaje de miedo sobre una violencia que es irreal".
El dirigente sindical apuntó que Vicens subió al autobús "para informar" a quienes iban en él pero no rompió la luna "ni se sabe cuándo sucedió eso". "Es cierto que cuando Katiana bajó del vehículo, la Policía pidió que se identificase y así lo hizo, pero no se atentó contra el derecho de ningún trabajador", precisó.
"Nosotros no somos radicales, vamos con la cara descubierta, no somos bándalos que van destrozando el moviliario urbano", subrayó en este sentido García, quien lamentó que con este tipo de actuaciones se produzca "una involución democrática y un retroceso de derechos que nos devuelve a situaciones anteriores a la democracia".
García consideró incluso que esta medida sería "un aviso a navegantes de cara a un verano que se puede presentar conflictivo" ante la negociación de diversos convenios colectivos, "como un aviso en el sentido de 'cuidado con lo que hacéis porque las consecuencias pueden ser incluso la cárcel'".
Finalmente, el secretario de organización expresó su "sorpresa" por el hecho de que el procedimiento judicial partiese de una denuncia por una falta de daños y, posteriormente, haya dado un "giro inesperado" y se haya convertido en un proceso por un delito contra los trabajadores. "Es una medida desproporcionada", remarcó.
