El Juzgado procesa a ocho personas por estafa y grupo criminal por el fraude masivo de intoxicaciones en hoteles

PALMA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha dictado un auto por el que procesa a ocho personas por delitos de estafa y pertenencia a organización criminal en relación al presunto fraude de intoxicaciones en hoteles de Mallorca.

El Juzgado ha dictado el auto de transformación al Procedimiento Abreviado, un trámite que en la práctica implica el cierre de la instrucción como paso previo a la apertura de juicio oral.

Según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso, en los razonamientos, la juez concluye que hay indicios suficientes de delito y desestima la petición de archivo de las defensas.

Así, la juez considera que el resultado de la investigación apunta a la existencia de un grupo criminal organizado, dedicado a captar turistas británicos para convencerles de presentar reclamaciones diciendo falsamente haber sufrido intoxicaciones alimentarias durante su estancia en hoteles de Mallorca, aprovechando la legislación entonces vigente en Reino Unido para cobrar una indemnización.

La juez estima que durante el periodo investigado el perjuicio para los touroperadores y hoteles "superó los 200.000 euros". En los inicios de la investigación la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) cifró la cuantía de la estafa en 50 millones de euros.

Cabe señalar que varias de las personas presuntamente implicadas, ciudadanos británicos, a día de hoy siguen en paradero desconocido pese a los intentos del Juzgado por localizarlos.

Durante la operación de la Guardia Civil en 2017 fueron detenidas siete personas de nacionalidad británica --los presuntos cerebros del fraude-- y se practicaron ocho registros en diferentes municipios de Mallorca. Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado decretó libertad provisional para cinco de los siete detenidos y ordenó retirar el pasaporte a la mujer considerada líder de la trama, una empresaria de Magaluf.

Los investigados están acusados de formar una organización dedicada a captar turistas británicos para que presentaran en su país de origen reclamaciones falsas por intoxicaciones alimentarias sufridas durante sus vacaciones en hoteles en Mallorca.

Según la Guardia Civil, los clientes eran captados en la calle por 'tiqueteros' en los alrededores de los complejos hoteleros. Presuntamente, los 'tiqueteros' les ofrecían gestionar las reclamaciones falsas y les indicaban lo que tenían que hacer cuando volvieran de sus vacaciones.

El problema surge de una modificación de la ley en Reino Unido en 2013 en cuanto al procedimiento de arbitraje de consumo, que excluía todas las reclamaciones por prestación de servicios realizados fuera de territorio británico.

De este modo, la legislación británica permitía presentar estas reclamaciones a través del touroperador hasta tres años después y como prueba bastaba demostrar que durante las vacaciones se compró cualquier medicamento contra dolencias estomacales, por ejemplo, sin necesidad de presentar justificante o pericial médica.

A continuación los touroperadores abonaban la indemnización al consumidor y después la descontaban al hotel. Este problema no sólo afectaba a Baleares, sino que también se dio en otras zonas de España como Canarias o Valencia.

El Gobierno británico promovió cambios legislativos tras detectar numerosos casos presuntamente irregulares: el número de personas que reclamaban por haber enfermado en vacaciones había aumentado más de un 500 por ciento en tres años, mientras que el número de casos de enfermedad notificados en el lugar turístico permanecía igual o era inferior.