Un alumno realizando un examen. - Marta Fernández Jara - Europa Press
PALMA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Obra Cultural Balear ha lamentado este martes "que se lleve a Europa una supuesta imposición del catalán" en la enseñanza, cuando España se opone a que sea lengua oficial en la Unión.
"Da una idea de la demagogia de esta postura", ha comentado el presidente de la OCB, Josep de Luis, en declaraciones a Europa Press, preguntado por el debate en la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo de la denuncia del Colectivo Asamblea por una Escuela Bilingüe.
La presidenta de esa asociación, Ana Losada, alertaba de la supuesta discriminación que a su juicio sufren los alumnos castellanohablantes en el sistema educativo catalán.
De Luis ha sostenido que, en el caso de Baleares --donde también es cooficial el catalán--, "no hay nadie que pueda decir que los niños en el sistema educativo terminan la escolarización sin saber castellano".
El presidente de la OCB ha remarcado que el catalán "siempre ha sido un elemento de cohesión social" en la comunidad y ha considerado que iniciativas como la impulsada en el Parlamento Europeo "parten de organizaciones y posturas que no son precisamente favorables a la diversidad, no ya lingüística, sino de ningún tipo".
De Luis ha razonado que el debate sobre el modelo en Cataluña es extrapolable a Baleares ya que "las batallas que se han hecho contra la lengua y la cultura siempre han sido planificadas en términos de 'Pasos Catalans'". "Hay una unidad lingüística, histórica y cultural que preocupa y ocupa a estos sectores", ha concluido.
La Comisión decidió mantener abierta la petición, que ha contado con el apoyo de los grupos de derecha; PP, liberales y conservadores. En este sentido, la 'popular' balear Rosa Estarás ha criticado la "imposición" del catalán en el modelo educativo de Cataluña, alertando de que "lesiona la convivencia".
Después del debate suscitado por la demanda de Colectivo Asamblea por una Escuela Bilingüe, la presidenta de la comisión, Dolors Montserrat, anunció que enviarán un requerimiento a las autoridades españolas, "es decir al Gobierno y a la Generalitat, para que se cumpla la sentencia". El presidente del PP, Pablo Casado, apoyó en Bruselas la petición de la asociación y afeó al PSOE su voto en contra.
Por su lado, una representante de la Comisión Europea señaló que se trata de una cuestión interna española que tiene que dirimirse de acuerdo al régimen constitucional, apuntando que Bruselas "no tiene motivos" para pensar que el Estado de Derecho no se esté respetando en España.