Denuncian la expulsión de residentes habituales de la antigua prisión de Palma por no estar en el censo

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha denunciado públicamente que algunos residentes habituales de la antigua prisión de Palma han sido expulsados por no constar en el censo.

La portavoz de la plataforma, Ángela Pons, ha asegurado que el registro elaborado por el Ayuntamiento de Palma, en el que oficialmente constan 226 personas, se ha quedado corto y ha dejado fuera a algunas que llevan tiempo viviendo en el inmueble.

Esto, ha indicado este domingo en declaraciones a los medios de comunicación, ha provocado que los policías locales encargados de la custodia de los accesos les hayan impedido entrar a la antigua prisión pese a tener allí muchas de sus pertenencias.

"Hay personas que estaban viviendo en la prisión, que tenían sus cosas dentro, y como no estaban en el censo en el momento de entrar les han dicho que no. De alguna manera ya les han desahuciado", ha criticado la activista.

Pons ha advertido que, además de este tipo de situaciones, el hecho de que algunas personas no hayan sido censadas significa que tampoco han recibido la notificación oficial de desalojo y que, por lo tanto, no han podido presentar alegaciones.

Unas alegaciones que, ha señalado, todavía no han sido resultas por el Ayuntamiento. En el momento en que se haga comenzará un plazo para que desalojen el edificio. De no hacerlo, se llevará la cuestión ante los tribunales.

EL CASO DE SON BORDOY

Pons también se ha referido al desalojo de los terrenos de Son Bordoy, donde calcula que viven varios centenares de personas y donde está previsto la construcción de una promoción de viviendas.

De momento, aunque ya se entregaron las notificaciones de desalojo a los residentes, el caso está parado y todos los afectados ya se han puesto en manos de abogados.

Según ha explicado la portavoz de la PAH, parte de los terrenos de Son Bordoy son propiedad de una empresa constructora y el resto son municipales.

Eso, ha indicado, no fue óbice para que la compañía notificara el desalojo tanto a unos como a otros, lo que invalidaría el trámite administrativo.

Además, Pons ha cargado contra los responsables de la constructora al considerar que lo hicieron como una forma de intimidar a los residentes de Son Bordoy con la esperanza de que abandonaran los terrenos de forma voluntaria.