av2" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
El nuevo texto legal "moderniza la legislación y garantiza los intereses de los usuarios"
PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprobado este martes, con los votos del PP, la Ley para la Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias de las Islas Baleares, con la que el se pretende reforzar la defensa de sus derechos y dar respuesta a las nuevas relaciones establecidas entre consumidores y empresarios.
En la sesión plenaria de la Cámara autonómica, se han aprobado algunas enmiendas presentadas por MÉS, y se han rechazado las de PSIB y de la diputada no adscrita Margalida Font.
Así, la oposición ha criticado que no se garantiza el uso del catalán en los datos de etiquetaje de los productos que se comercializan y ha lamentado la falta de concreción de determinados aspectos que regula el texto legal.
La aprobación de esta Ley para proteger los consumidores ha centrado el primero de los tres plenos extraordinarios que acoge este martes la Cámara Autonómica.
En su intervención, el conseller de Salud, Martí Sansaloni, ha destacado que el proyecto normativo cuenta con las aportaciones de diversas entidades de consumidores, la CAEB y de los hoteleros, que, según ha dicho, "han servido para enriquecer el texto" que actualiza la normativa de consumo que está en vigor desde 1998.
La normativa consta de 95 artículos, una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y dos finales y dedica un capítulo específico a la vivienda y regula la actuación de la Administración en la protección de los consumidores, entre otros aspectos.
Además, Sansaloni ha destacado que el texto legal incluye la protección del consumidor vulnerable, una categoría en la que entre otras personas, incluye a los menores de edad, mayores, enfermos y discapacitados, y define la figura del turista.
Asimismo, la nueva ley obliga a que las etiquetas de los productos aparezcan en una de las dos lenguas de la comunidad autónoma y si el producto en cuestión supone un riesgo para la salud que, como mínimo, esté en la lengua oficial del Estado.
LA OPOSICIÓN CRITICA LA FALTA DE CONCRECIÓN
En defensa de las enmiendas del grupo parlamentario socialista, la diputada Conxa Obrador, la lamentado que el PP no haya recogido sus propuestas dirigidas a "hacer más sencilla la tramitación de las reclamaciones" de los usuarios.
Obrador también ha censurado que la nueva norma "elimine" las Oficinas de Defensa del Consumidores y Usuarios (OMICS), lo que representa "la exclusión de las competencias de consumo en los Ayuntamientos". Esto supondrá "un perjuicio para muchos usuarios, ya que se dejarán desprotegidos a los colectivos más vulnerables y los más indefensos", ha dicho.
Por su parte, la diputada no adscrita, Margalida Font, ha tildado de "poco ambiciosa" la ley y ha criticado que "no se garanticen los derechos de todos los consumidores de una manera clara e igualitaria".
Por su lado, la portavoz adjunta de MÉS, Fina Santiago, ha reclamado que los productos se etiqueten "también en catalán" dado que, según ha constatado, "no queda garantizado" su utilización en el etiquetaje, ya que se establece que "debe ir en una de los dos idiomas oficiales", por lo que, según ha vaticinado, predominarán los textos en castellano.
Por otra parte, el diputado del PP Oscar Fidalgo ha destacado que se han aceptado 39 enmiendas de las 71 presentadas por los grupos mayoritarios de la oposición, "más de la mitad" de las aportaciones realizadas, lo cual implica que el texto legal ha contado con un amplio consenso por parte de todos los grupos, ha recalcado.
NOVEDADES EN LA LEY
Así, la Ley recopila y moderniza los cambios ya introducidos en la legislación estatal (RDLEG 1/2007) y además introduce novedades que hasta ahora no se contemplaban en el texto. Los cambios producidos en la oferta, venta y prestación de bienes y servicios en el mercado y su contratación, así como la nueva regulación a nivel estatal y de la Unión Europea, precisaban de un cambio normativo que proteja adecuadamente a los consumidores y usuarios en un mercado que les sitúa en desventaja e indefensión para enfrentarse a las empresas y proteger sus derechos.
Entre las principales novedades, la nueva normativa define un nuevo concepto de consumidor: las personas físicas o jurídicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.
Así, quedan excluidas del ámbito de protección de la ley las relaciones entre la Administración Pública o entes del sector público instrumental cuando se realicen actividades de prestación de un servicio o suministro de un bien o producto y el consumidor no tenga que pagar contraprestación alguna o tengan naturaleza tributaria.
