El Parlament pide cambios legales para evitar que se repitan casos como el docente interino condenado por acoso

   PALMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Comisión de Educación y Universidades del Parlament ha aprobado por unanimidad una iniciativa para endurecer el requisito de acceso a profesiones que impliquen contacto con menores y se incluya el delito de acoso a fin de evitar en el futuro casos como el del docente interino condenado por acoso y permitan apartar a docentes condenados en primera instancia.

   En concreto, los grupos han dado el visto bueno a una Proposición No de Ley (PNL) del PP para incluir como causa de incompatibilidad para el acceso y el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad, las condenas por varios supuestos de los delitos previstos en el artículo 172 del Código Penal cuando se hayan cometido contra menores.

   La iniciativa, según consta en la exposición de motivos, se redactó precisamente al hilo del caso de Roldán y la reacción de las familias del colegio de Palma en el que tiene plaza de interino y "ante la alarma social generada".

   La proposición recordaba las dificultades con las que la administración se ha encontrado a la hora de apartarlo de las labores docentes. Cabe recordar que una comisión paritaria acordó que se sometiera a un examen facultativo, aunque se está a la espera de este control porque cogió una baja.

   La iniciativa, que ha cosechado el voto favorable de todos los grupos, reclama igualmente al Gobierno central que establezca con más claridad los requisitos de acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad, asegurando la incompatibilidad con personas condenadas por acoso o acoso de niños, aunque no tengan calificación de naturaleza sexual, y a reforzar los protocolos de Inspección Educativa de los centros y de las familias.

   El Parlament pide igualmente mecanismos específicos que permitan separar inmediatamente de las funciones con menores a profesionales condenados por estos delitos en primera instancia mientras no hay resoluciones definitivas.

   Los grupos han instado también al Ejecutivo autonómico a revisar y reforzar protocolos internos de la Conselleria para garantizar que, ante cualquier condena en primera instancia por delitos contra menores, se adopten medidas cautelaes de reubicación o suspensión temporal.