PALMA DE MALLORCA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament ha aprobado reclamar al Gobierno del Estado a cambiar la normativa que regula el uso de los superávits y los remanentes de tesorería de los ayuntamientos y los consells insulares así como que estas instituciones puedan emplearlos en su totalidad ya sea para medidas sociales como de impulso de la economía, siguiendo criterios de sostenibilidad y responsabilidad social.
La Proposición No de Ley ha sido presentada por MÉS per Mallorca y la diputada de la formación Aina Campomar ha destacado que emplear estos fondos ha sido una reivindicación de las entidades locales desde hace años.
Campomar ha apuntado sin embargo que la actual crisis ha convertido esta reivindicación en necesidad mientras la respuesta del Estado ha sido "decepcionante".
La diputada de MÉS ha censurado la actitud del Gobierno central a quien ha acusado de limitar la capacidad de los consistorios a pesar de la "gestión impecable" de sus recursos.
Campomar ha recordado que la mayoría de ayuntamientos de las Isla tienen cada año superávit y que estos ahorros se convierten en remanentes de tesorería a causa de las "estrictas normas" que el estado ejerce sobre los ayuntamientos y que no permiten gastarlos.
IMPAGOS EN ALQUILERES
Por otra parte, la Comisión de Hacienda y Presupuestos ha aprobado por unanimidad la PNL presentada por los grupos del Pacte relativa a la modificación del criterio de imputación de los importes impagados por alquiler de vivienda y locales de negocio en el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades.
En los tres casos, la PNL insta al Gobierno estatal a hacer prevalecer el criterio de caja ante el criterio de meritación.
La diputada socialista Maria Antnia Truyols ha explicado que la crisis sanitaria ha acabado provocando una crisis económica y social que afecta a todos los ámbitos, también en el pago de alquileres, tanto en el caso del arrendatario como del propietario.
Truyols ha reconocido que tanto desde el Gobierno de España como desde el Govern se han puesto en marcha una serie de medidas de apoyo a los arrendatarios que no han podido pagar su alquiler durante los meses de la pandemia, pero no se han visto medidas para defender los derechos de los propietarios que no están cobrando.
En este sentido, la diputada socialista ha argumentado que la tributación del IRPF, IVA e Impuesto sobre sociedades tiene una serie de repercusiones sobre la factura fiscal de los propietarios, por lo que cuando hay un impago de un alquiler, el propietario tiene que computar en el IRPF las rentas, independientemente de que las haya cobrado o no.
