El Parlament pide al Gobierno planes de inversión consensuados con cada Comunidad Autónoma

PALMA DE MALLORCA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament balear ha acordado este miércoles, por unanimidad, pedir al Gobierno de España que impulse planes de inversión pública consensuados con cada Comunidad Autónoma y teniendo en cuenta sus singularidades.

Se trata del primer punto de una proposición no de ley presentada por el PI, que ha incorporado enmiendas parciales de MÉS per Mallorca en su redacción final. El texto reivindica que este plan de inversión en Baleares tenga como una de sus prioridades la diversificación del modelo económico.

La diputada de MÉS Joana Aina Campomar ha reivindicado que el Estado adopte "medidas serias y no leyes que sólo aprovechan para lucir". "No queremos una copia del plan E de Zapatero de resultados cuestionables, por no decir inexistentes", ha apostillado.

MÉS ha señalado que no quieren "inversión a cualquier precio, ni un plan de obra pública desnuda y cruda, ni un plan sólo enfocado a la construcción, el cemento y el asfalto" o sólo al turismo, sino "inversiones que de verdad se enfoquen hacia una economía sostenible y una mayor diversificación del modelo económico".

DESBLOQUEAR EL DINERO DE LOS AYUNTAMIENTOS

Además, el Parlament pide que, como primer objetivo, se modifique la normativa sobre estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit en gasto social.

El diputado del PI que ha defendido la iniciativa, Josep Meli, ha criticado que el Gobierno estatal del PSOE "hace dos años que gobierna y no sólo no ha terminado con esta regla tan negativa para los ayuntamientos, sino que, incluso, va lanzando globos sonda en relación con la posibilidad de quedarse con todos estos recursos, lo cual sería terrorífico".

Meli ha expresado su "oposición radical y absoluta" a esa posibilidad. "Este dinero es de los consistorios y son ellos los que deben decidir libremente cómo los invierten", ha protestado.

Igualmente, el Parlament balear plantea modificar la normativa de haciendas locales para que los ayuntamientos puedan otorgar exenciones y bonificaciones de impuestos locales, con carácter retroactivo, como consecuencia de la crisis del COVID-19.

Sobre esto, Meli ha declarado que la normativa actual "no da herramientas a los consistorios" para poder aprobar estas bonificaciones ante "un hecho tan imprevisible como es una emergencia sanitaria" y el parón económico.

Finalmente, la Comisión reclama una modificación urgente -propone un plazo máximo de diez meses para acometerla- de la normativa de contratos del sector público, más allá del estado de alarma, de manera que las administraciones puedan agilizar sus procedimientos en servicios que necesiten mejoras como consecuencia de la crisis.

PROPUESTAS DEL PP

A continuación, la Comisión ha debatido una proposición no de ley presentada por el PP con 11 puntos, de los que sólo se ha aprobado el último, con una enmienda del PSIB. En virtud del texto aprobado la Comisión reivindica una suspensión de la ley de estabilidad presupuestaria para el desbloqueo de fondos municipales, al igual que la propuesta anterior.

También se han posicionado a favor de una prórroga automática de las prestaciones que tuvieran los trabajadores fijos discontinuos antes del estado de alarma, hasta el inicio de la temporada 2021, si no se incorporan antes; y han reivindicado la transferencia "inmediata" de diferentes cantidades a Baleares, como los 78 millones de euros pendientes del pago del IVA de 2017.

Finalmente, la Comisión ha apoyado solicitar un aplazamiento inmediato de los plazos para presentar diferentes liquidaciones como el IVA y el impuesto de sociedades a los autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Se han rechazado el resto de medidas que planteaba el PP, como un decreto con un crédito extraordinario de hasta 350 millones de euros, con una línea de ayudas a fondo perdido para autónomos y pequeñas y medianas empresas; o 60 millones para una compra centralizada de material sanitario para los profesionales de la salud y la asistencia social, entre otras medidas.