Archivo - Varaderos --'escars'-- en el puerto de Portocolom - CAIB - Archivo
PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Parlament, con los votos de la mayoría conformada por el PP y Vox, ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PSIB al proyecto de ley de ordenación, protección y gestión del litoral que se encuentra actualmente en tramitación.
La iniciativa pretendía que el texto legislativo fuese devuelto al Govern al entender que "no responde a las necesidades que la realidad social de Baleares demanda de una ley que debería ser nuclear para el desarrollo ecológico" y sí "a los intereses particulares".
La arquitectura de la ley de costas, para los socialistas, "favorece la terciarización del litoral, normaliza los servicios comerciales, consolida ocupaciones, acelera la retirada de posidonia sin justificación, reduce los controles previos y permite que instrumentos parciales o promovidos por particulares desplacen los planes territoriales insulares".
También "excluye a los puertos, aplaza sin plazos los traspasos a los consells, fragmenta la servidumbre de protección según la clasificación del suelo, atribuye competencias a los municipios sin comprobar su capacidad y crea instrumentos de compra, restauración y renaturalización sin asegurar financiación".
Las "grandes declaraciones ambientales" que contiene la ley, según la tesis del PSIB, "en el fondo únicamente sirven de maquillaje y se quedan en declaraciones sin fuerza operativa o ejecutiva", a la vez que introduce "conceptos abiertos que producen regímenes excepcionales y procedimientos que favorecen la explotación privada y la permanencia de los usos en la costa, incluso aquellos contrarios a la ley estatal".
La ley de costas fue aprobada por el Consell de Govern el pasado 25 de junio y, según explicaron entonces la presidenta, Marga Prohens, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, contempla entre sus principales medidas la protección de las construcciones tradicionales --los 'escars' y las 'casetes de vorera'--, la limitación de la velocidad de las embarcaciones y la agilización de determinados trámites.
LA IZQUIERDA, CONTRA LA LEY
La diputada socialista Mercedes Garrido, encargada de defender la enmienda a la totalidad, ha arrancado su intervención defendiendo que Baleares "merece" contar con una ley de costas propia. "Pero no podemos permitir esta ley", ha subrayado antes de enumerar un "listado de despropósitos" que, ha advertido, no es "exhaustiva".
La parlamentaria del PSIB, entre otras cuestiones, ha criticado que la ley "invente un instrumento para legalizar construcciones y usos prohibidos o inadecuados en la costa con la excusa de inscribirse en el registro de patrimonio del litoral", algo que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha rechazado en la Comunidad Valenciana.
También ha puesto el foco sobre la creación de "usos inexistentes hasta ahora", como la posibilidad de instalar "chiringuitos, hamacas o sombrillas" en playas consideradas como de especial protección, la ampliación de las concesiones hasta un 10% o la "amenaza" que se cierne sobre es Trenc.
"Es una nueva mentira y un engaño del PP, que promete protección y límites a la masificación pero hace todo lo contrario. Cuando lees la letra pequeña ves que se han superado, estamos ante una Prohens de la depredación y de la desprotección del territorio. Se sientan las bases para tener más presión y más negocio", ha señalado.
El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, por su parte, ha lamentado que el proyecto de ley "no garantiza que el aprovechamiento de la costa responda a los intereses generales" ni aborde los que, a su parecer, son los principales retos del litoral.
"Sobre la erosión de la costa y la subida del nivel del mar ustedes no prevén nada. Y para ordenar las actividades económicas y garantizar el acceso al mar de los residentes, tampoco. Es una ley que pasa completamente de largo de estos dos grandes retos, supongo que porque tiene otras finalidades", ha expuesto.
El ecosoberanista le ha afeado al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, que le ha afeado que, al inicio de la elaboración de la ley, no atendiera su demanda de consensuar medidas para garantizar la pervivencia del litoral.
"Más allá de que sean completamente miopes con los problemas que tenemos como sociedad, me parece que se ríe de todos nosotros. Se están cargando los planeamientos de ordenación territorial", le ha espetado.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentado que, de salir adelante esta ley, Baleares "pierda la oportunidad de ejercer la competencia de ordenación del litoral y decidir por primera vez qué modelo de costa quiere".
Para el menorquinista, hay "una razón de fondo" que resume y justifica su oposición al texto legislativo, "la tensión entre los usos y los límites, entre qué se puede hacer y con qué intensidad se puede hacer".
"¿Qué hacemos cuando hay más gente, más embarcaciones y más negocio en las playas? ¿Cómo lo gestionamos? Es la situación que usted tendría que resolver. Pero ante estas preguntas, la ley calla. Y no hablamos de un riesgo futuro, porque la presión sobre el litoral es el pan de cada día", ha advertido.
LA DERECHA, A SU DEFENSA
La diputada de Vox Patricia de las Heras ha defendido la necesidad de que Baleares cuente con una ley de costas propia para dejar de estar "a merced" de lo que decida el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de expropiar propiedades costeras.
"Frente a ese modelo, Vox lo tiene muy claro. Las costas y playas forman parte de la riqueza natural de España y su protección debe ser compatible con las actividades económicas. Proteger la costa, sí, pero con la gente dentro", ha dicho.
También ha puesto el foco en la protección de las construcciones tradicionales y en la necesidad de decidir los deslindes con criterios técnicos y no "por capricho de La Moncloa".
El diputado del PP Sebastià Mesquida, por su parte, ha afeado al PSIB que presentara una enmienda a la totalidad a una ley que "responde a la necesidad de que Baleare cuente con su propia ley de litoral" y "viene marcada por la oportunidad de ejercer nuestras competencias".
El texto, ha incidido, nació "con la firme voluntad de cumplir lo prometido por la presidenta antes de empezar su mandato" y con "una voluntad clara de dotar de protagonismo a las entidades locales afectadas en materia de gestión del litoral".
En respuesta a las advertencias de los socialistas acerca de la posible inconstitucionalidad de la ley, el 'popular' ha querido mandar un "mensaje de tranquilidad" dado que, a su entender, el texto se asimila más al de Galicia, donde el TC desestimó todas las impugnaciones, que a la de la Comunidad Valenciana.
