El Parlament tumba una ley para impedir el acoso inmobiliario y la discriminación en el acceso a la vivienda

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado la toma en consideración una proposición de ley para perseguir el acoso inmobiliario y la discriminación en el acceso a la vivienda mediante sanciones económicas y administrativas.

La iniciativa legislativa, que no iniciará su tramitación parlamentaria, ha recibido el apoyo de la izquierda (22) y el voto en contra del PP y de Vox (29).

El texto fue registrado en enero de 2025 por la entonces diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, cuyo escaño ocupa ahora José María García, el miembro de Esquerra Unida que ha sido el encargado de defenderlo en el pleno de este martes.

La proposición de ley buscaba dotar a las administraciones públicas de Baleares de los instrumentos legales necesarios para proteger el derecho de todos los ciudadanos a acceder a "una vivienda digna y adecuada en condiciones de igualdad y no discriminación".

Proponía definir el acoso inmobiliario como "toda acción u omisión en perjuicio de la persona que ocupe una vivienda con la finalidad de perturbarla en el uso pacífico de la misma" y, en ocasiones, con la intención de "forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda o adoptar cualquier otro tipo de decisión no deseada".

Estas serían la negativa "injustificada" de los propietarios a cobrar la renta, el incumplimiento de las obligaciones de los arrendadores, el cese en la prestación de los servicios de primera necesidad, la pérdida "provocada" de la habitabilidad del inmueble o la perturbación en el uso legítimo del mismo.

Todas estas acciones, planteaba la proposición de ley, podrían estar sujetas a sanciones económicas, u otras complementarias, por parte de las administraciones. A los considerados como grandes tenedores, por ejemplo, se proponía obligarles a facilitar una vivienda al afectado.

LOS CASOS DE ACOSO, "DISPARADOS"

García ha considerado que la hostigamiento o la presión sobre los inquilinos para que abandonen una vivienda, el llamado acoso inmobiliario, es algo que "forma parte del valor financiero que se le da a los inmuebles" y se produce cuando los propietarios desean "sacar más provecho de ellos".

Es una realidad "que no es extraña o poco frecuente" en Baleares, donde se han "disparado" los delitos ligados a este tipo de prácticas, aunque muchas veces "ni se denuncian, ni se investigan".

En ello, ha sostenido, influye que son procesos penales o civiles "largos y costoso" a los que las víctimas, muchas veces en situaciones de precariedad, no pueden hacer frente. También, ha reconocido, por la dificultad de demostrar estos ilícitos penales, que acaban quedando "impunes".

Todo este tipo de actuaciones, como pueden ser el corte de los suministros de agua y de luz o el envío de "matones" a los domicilios, suelen ir encaminadas a "quitarse de en medio a quienes impiden la actividad especulativa" en el mercado de la vivienda.

Ninguna de las medidas que planteaba la proposición de ley, ha subrayado el diputado, supone un ataque a la propiedad privada ni representaba un "debate moral", por lo que ha considerado que todos los grupos parlamentarios deberían estar a favor.

La socialista Carol Marqués ha considerado que la iniciativa habla de aportar soluciones a un problema que afecta "a miles de personas en Baleares" que "pese a tener un trabajo y cumplir con sus obligaciones ven como acceder o mantener una vivienda digna se ha convertido en una carrera de obstáculos imposible".

La elevada competencia por acceder a una vivienda, que ha sostenido que deriva en un incremento de los precios, "siempre afecta a los mismos, a aquellos con una vida más difícil, con menos recursos y con menos capacidad de defenderse".

"Por eso hay que hablar de la discriminación en el acceso a la vivienda. Hay familias descartadas por tener hijos o jóvenes que son rechazados automáticamente porque no tienen una nómina lo suficientemente elevada o no tienen un contrato fijo", ha subrayado.

Por parte de MÉS per Mallorca ha intervenido el diputado Ferran Rosa, quien ha alertado de que la discriminación a la hora de acceder a una vivienda es una realidad extendida ante la que el Govern "no hace nada".

"No son uno, dos o tres casos en Baleares", ha asegurado citando un estudio elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que revela que "el 99% de las inmobiliarias admiten el uso de prácticas discriminatorias a propuestas de los propietarios para excluir a inquilinos por su color de piel o su origen".

"Es una exclusión directa de personas por su condición. No alquilan a familias con niños o a personas de otras nacionalidades, salvo que sean blancos, a esos sí. Tampoco a quienes tienen mascota o son autónomos. Y si les alquilan, les ponen condiciones abusivas como pedir seis meses de fianza, aunque es ilegal", ha expuesto.

RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA

La diputada del PP Margalida Pocoví, quien lo primero que ha dicho es que "no debe sorprender a nadie" que su partido vote en contra de este texto, ha defendido que el derecho al acceso a la vivienda y el de propiedad privada "deben convivir" dado que no son "opuestos" entre sí.

"Cualquier conducta de acoso, abuso o vulneración de los derechos de los inquilinos deben ser perseguidos con contundencia, pero no podemos compartir un relato que, de forma más o menos directa, señala a la propiedad privada como una de las responsables de la grave crisis que padecemos", ha subrayado.

Son las administraciones y no los propietarios, ha proseguido, quienes deben impulsar las medidas que permitan ampliar la oferta, impulsar el parque de viviendas protegidas y garantizar el acceso a una vivienda asequible.

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha considerado que uno de los principales responsables de la falta de vivienda asequible es la ausencia de seguridad jurídica, una situación que su parecer agravaría esta ley.

El regimen sancionador que planteaba Unidas Podemos, además de perseguir cuestiones que "no son delitos de coacciones" como los cortes de suministros, provocaría que se redujera incluso más la oferta de vivienda.

A su parecer, la crisis de la vivienda se solucionaría ampliando el suelo disponible para la construcción, dando "prioridad absoluta" a los españoles en el acceso a la vivienda protegida o suprimir el IVA en la compra de vivienda.