Archivo - Fachada del edificio del Ayuntamiento de Palma en la Plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
Plataforma per la Llengua ha anunciado la impugnación de tres procesos selectivos del Ayuntamiento de Palma porque, a su entender, "no respectan los derechos lingüísticos de la ciudadanía, ni la normativa vigente", al no pedir el catalán como un requisito.
Se trata de distintas convocatorias de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) y a Mobipalma, de las que han resaltado que "no garantizan" el requisito de catalán en los procesos de selección de personal, lo que "supone una vulneración clara del marco legal establecido en Baleares", según ha explicado la Plataforma per la Llengua en un comunicado.
Por un lado, en la EFM se han publicado dos convocatorias para cubrir seis plazas de personal fijo, dos de operario funerario y cuatro de oficial administrativo de primera.
En ambos casos, han incidido que el conocimiento del catalán se considera solo un "mérito" y no un "requisito", a pesar de que se trata de "puestos de trabajo de carácter público en una empresa municipal".
"Esto implica que una persona que no conozca la lengua catalana puede obtener la plaza, cosa que contradice las normativas que regulan el acceso a la función pública en Baleares y que garantizan el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en cualquier de las dos lenguas oficiales", han alegado.
Por otro lado, han asegurado que la situación todavía se "agrava" en el caso de Mobipalma, empresa municipal que gestiona el transporte y el estacionamiento en la ciudad.
En la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo para oficiales de mantenimiento de aparcamientos, el catalán no aparece ni como requisito, ni como mérito, por lo que han criticado que "ni siquiera es un criterio de valoración en el proceso selectivo".
"Esta ausencia total de referencias a la lengua propia de Baleares supone una discriminación inadmisible e incumple la legislación vigente, que establece que el conocimiento del catalán tiene que ser un criterio a tener en cuenta en el acceso a cualquier puesto de trabajo de la Administración Pública", han puntualizado.
En ese sentido, han recriminado que las bases de estas convocatorias "contravienen claramente" la normativa lingüística vigente en Baleares.
El artículo 14.3 del Estatut d'Autonomia establece el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por la Administración, mientras que la Ley 3/1986 de Normalización Lingüística reconoce el catalán como lengua propia de Baleares y obliga las administraciones y las empresas públicas a "garantizar el uso".
Además, han recalcado que la Ley 3/2007 de Función Pública de la CAIB determina que para acceder a la función pública se tiene que acreditar un nivel de conocimiento de la lengua catalana adecuado a las funciones del puesto de trabajo.
En esta misma línea, el artículo 34 de la Ley 3/1986 establece que las corporaciones locales tienen que garantizar el uso del catalán en todas sus actividades administrativas y que las bases de las convocatorias públicas tienen que incluir una referencia "expresa" a la lengua catalana.
Plataforma per la Llengua ha manifestado que "luchará" porque se garanticen los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Por eso, ha advertivo que "forzarán" a la Administración a garantizar que "cualquier persona pueda ser atendida en catalán sin restricciones", algo que han afirmado que "solo será posible si el conocimiento de la lengua es un requisito indispensable para acceder a la función pública".
Así, la entidad ha sostenido que emprenderá acciones judiciales para "exigir el cumplimiento de la normativa" y "forzar la impugnación de las convocatorias ilegales".
"El compromiso de Plataforma per la Llengua es claro y firme y trabajará para que el catalán tenga el lugar que le corresponde a la administración pública de Baleares", han reivindicado.