Catalina Cirer
PP CONSELL DE MALLORCA
Actualizado: miércoles, 4 octubre 2017 18:17

Considera que Evelio Antich podría haber cometido supuestos delitos de tráfico de influencias y administración desleal

PALMA DE MALLORCA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional apunta en su informe dentro del caso de corrupción en la Policía Local de Palma que la ex alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, podría haber cometido presuntos delitos de prevaricación, así como que el actual secretario general de la Delegación del Gobierno en Baleares, Evelio Antich, podría haber llevado a cabo delitos de tráfico de influencias y administración desleal.

En dicho informe, realizado por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, establecen una lista provisional de presuntos delitos cometidos y sus posibles autores.

Respecto al ex presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, a quien consideran el líder de la "maquinaria criminal" desarrollada en el Ayuntamiento, señalan que podría haber incurrido en delitos de tráfico de influencias, administración desleal, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas.

Asimismo, en el informe también están mencionados el actual regidor y diputado del PP, Álvaro Gijón y los ex regidores populares Irene Sangil y Guillermo Navarro; así como distintos cargos de la Policía Local. Esta lista de posibles imputados, aclaran desde el Cuerpo Nacional de Policía "es un mero borrador orientativo" para clarificar y ordenar hechos.

Respecto a estos tres miembros del PP, los investigadores apuntan la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación de caudales, entre otros.

Cabe destacar que en el documento, de más de 700 páginas, se concluye que "está perfectamente demostrada la existencia de una organización criminal que, de forma premeditada diseño y ejecutó un plan, a lo largo del tiempo" para "controlar ilícitamente la administración -el Ayuntamiento de Palma- para poder servirse de ella y para poder utilizar sus poderes" como "instrumento esencial de sus actuaciones ilícitas, totalmente contrarias al principio de legalidad y el interés público".

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