MENORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PP de Menorca ha criticado este jueves la creación del cuerpo de 'agentes COVID' anunciada por el Govern al considerar que la intención del Ejecutivo es reparar momentáneamente la falta de efectivos policiales.
El diputado autonómico Lluís Camps, ha denunciado que hay más de 300 vacantes de policía por cubrir en Baleares y ha discrepado que la solución pase por "la invención de una figura no regulada que convoca a aspirantes que no aprobaron una oposición a cumplir con funciones de vigilancia y que invita también a bomberos profesionales a ejercer tareas que son de policía".
Asimismo, Camps ha considerado que no es acertado que el Govern resuelva estas cuestiones por decreto y, en esta línea, ha propuesto que se regule mediante proyecto de ley "para ir resolviendo una carencia importante de forma progresiva".
El diputado popular se ha mostrado contrario a que aspirantes a agentes que no superaron los exámenes en los cinco últimos años "queden de la noche a la mañana investidos de una autoridad incierta y escasamente profesional". "Formar a un efectivo de Policía Local requiere unas 800 horas lectivas y superar un período de práctica que puede durar de 6 a 12 meses", ha manifestado.
Desde el PP han subrayado que la dificultad de los ayuntamientos de la isla para cubrir las plantillas de la Policía Local se ha agravado con la pandemia. "Mientras no se convocan oposiciones o se completan largos procesos de formación de los futuros profesionales, las necesidades de control han ido en aumento", han indicado.
En este punto, han hecho hincapié en el caso de Ferreries, donde la plantilla carece de efectivos para poder mantener el turno de noche. Los populares han recordado que se da además la circunstancia de que hace unos meses el municipio perdió el servicio de urgencias nocturno "de manera que la asistencia supletoria que prestaba la policía ante un caso urgente ya no existe".
En este sentido, la presidenta del PP de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha señalado que en Ferreries "se está produciendo un desmantelamiento del estado del bienestar y la seguridad de los ciudadanos se pone en riesgo".
