PALMA DE MALLORCA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
El PP de Baleares considera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debería asumir los intereses generados a las arcas autonómicas por el retraso en el pago del Ejecutivo estatal al balear de los diez millones correspondientes a las anualidades de 2005 y 2006 del convenio de carreteras.
Según expuso hoy en rueda de prensa el portavoz 'popular' en las islas, Miquel Ramis, el hecho de que se haya desbloqueado el pago del convenio está "bien". Sin embargo, consideró "lo justo" sería que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) --firmante del convenio con la Comunidad Autónoma-- se hiciera cargo de los intereses que ha creado a Baleares el tener que aportar ese dinero sin haberlo ingresado de las arcas estatales.
El presidente del Govern, Francesc Antich, anunció la pasada semana que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales había confirmado el pago de los 10 millones objeto de litigio una vez remitidas las facturas que el anterior Ejecutivo balear no había enviado --justificando las obras realizadas en 2004, 2005 y 2006-- y que eran la causa de que no se ingresaran los diez millones de la segunda y tercera anualidad.
En su comparecencia, Ramis lamentó también el rechazo de los partidos del Govern a debatir en el Parlament acerca del hundimiento del buque de Iscomar 'Don Pedro' frente a la costa de Ibiza. "En contra de lo que predican, no quieren transparencia ni que se aclare lo sucedido. Que no les dé miedo ", dijo.
Según criticó el portavoz 'popular', "tanto en Madrid como en Ibiza hay gobiernos socialistas y, sin embargo, se pasan la pelota unos a otros". Consideró que la actitud demostrada por las instituciones afectadas adolece de "secretismo y oscurantismo" frente a un tema "tan importante" como el estado de las playas en Ibiza.
Por otra parte, en referencia a la pelea entre las bandas latinas que se produjo en la noche del pasado domingo en Palma y preguntado por la posibilidad de que estos grupos puedan solicitar en Baleares constituirse en asociaciones juveniles como lo han hecho en otras Comunidades, Ramis recordó que para fundar una organización legal de este tipo la ley exige una serie de requisitos y que, por tanto, en la medida en que estos grupos los cumplieran, tendrían ese derecho.
"Otra cuestión es que esos grupos cumplan o no esos requisitos y, dados los antecedentes que tienen, no darían el perfil de asociación juvenil en forma legal", apuntó.
