Archivo - El portavoz del PP en el Consell, Lloren Galmés. - PP - Archivo
PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El PP ha reclamado este miércoles la suspensión temporal de los nuevos impuestos sobre residuos, que entrará en vigor el 1 de julio, y el estatal, que lo hará el 1 de enero de 2023, debido a que la situación económica de Mallorca "no es la adecuada".
Así se ha pronunciado el portavoz del PP en el Consell, Lloren Galmés, quien en rueda de prensa ha declarado que este jueves defenderán una moción en el pleno para pedir que estos impuestos se suspendan "de manera inmediata". También presentarán la moción en todos los ayuntamientos de la isla.
Galmés ha asegurado que este impuesto, que grava el vertido y la incineración de residuos, implicará que los ayuntamientos "paguen más" por tonelada de residuos y, por tanto, éstos deberán repercutirlo a través de los recibos de la tasa de residuos de los ciudadanos.
En este sentido, el 'popular' ha criticado que se cobre este impuesto en un momento de "dificultad económica" y en el que no se deberían imponer más cargas fiscales. Así, ha considerado que el Govern "no vive la realidad" de las familias, de los autónomos, de los pequeños y medios empresarios, ni de los trabajadores.
"Es el momento de tomar medidas valientes como las que hemos propuesto desde el PP, como una bajada de los impuestos, para ayudar, en primer lugar, a las familias a hacer frente a esta pérdida del poder adquisitivo consecuencia de la inflación", ha remarcado.
El portavoz ha añadido que el Govern, en el ejercicio económico del año pasado, tuvo más de 500 millones de euros recaudados de los que tenía previstos, y que las propuestas que la formación 'popular' ha llevado a las distintas instituciones, "no superan los 200 millones de euros". "Es una voluntad política que el Pacte quiera llevar a cabo nuestras propuestas para ayudar a la gente", ha puntualizado.
Por otro lado, ha afirmado que "no cuestionan" la finalidad de este impuesto, pero que dada la situación económica actual "no es el momento de aplicarlo".
Finalmente, ha asegurado que, si la institución insular no acepta la suspensión, solicitarán que ésta, que dispone de un presupuesto de "más de 600 millones de euros", asuma los gastos de los ayuntamientos "para que no repercuta en las arcas municipales ni en los ciudadanos",