El PSIB acusa al PP de "matar" la vivienda de protección oficial y permitir que los promotores marquen los precios

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PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al PP de "matar" la vivienda de protección oficial (VPO) y permitir que sean los promotores inmobiliarios quienes decidan los precios de las viviendas.

Así se ha expresado la diputada socialista Mercedes Garrido este miércoles, un día después de que el Parlament convalidara el decreto de vivienda con los votos de los 'populares' y de Vox.

"El PP ha decidido matar la vivienda de protección oficial y toda la vivienda que se haga a partir de ahora será al precio que quieran poner los promotores", ha dicho Garrido.

También ha advertido que, de ahora en adelante, la vivienda en Palma será un 30 por ciento más cara y, próximamente, también en el resto de Baleares.

Los promotores, ha lamentado, han sido los únicos que han salido a aplaudir la aprobación del decreto, que comenzará su tramitación parlamentaria como proyecto de ley e incluirá las enmiendas propuestas por Vox y pactadas con el Govern.

Entre otras, la puesta en marcha de los proyectos residenciales estratégicos (PRE) en los municipios con más de 10.000 habitantes, lo que a juicio de la socialista "extenderá a todas las Islas el pelotazo" inicialmente previsto solo para Palma.

Con ello, ha alertado Garrido, determinados promotores ganarán plusvalías de 670 millones de euros. "Todo el negocio que hagan saldrá de los bolsillos de la gente, y todo lo que uno tenía ahorrado para comprarse una casa ahora lo tendrán que destinar al incremento del precio", ha incidido.

Ese aumento, ha añadido, implicará que las nuevas viviendas "no serán para los ciudadanos, ni para los jóvenes, ni para las familias, ni para los trabajadores de esta tierra, porque a 300.000 euros nadie las puede pagar". "Serán segundas residencias para los europeos que se las puedan pagar y para aquellos que tengan mayor poder adquisitivo", ha sostenido.

Un hecho, ha ahondado Garrido, que se agrava ante la negativa del Govern de aplicar la ley estatal de vivienda, que permitiría declarar el archipiélago como zona tensionada y topar los precios del alquiler.

En este contexto, según ha indicado el partido en un comunicado, los socialistas se han comprometido a seguir "dialogando y movilizando a la sociedad civil" para frenar los efectos de este decreto y promover la construcción de más vivienda pública y la limitación de los precios del alquiler.