El PSIB pide la retirada de la ordenanza cívica de Palma "por antisocial"

PALMA DE MALLORCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha defendido este lunes una enmienda a la totalidad a la ordenanza cívica y ha pedido, así, la retirada de esta normativa "por su carácter antisocial" y porque las personas en riesgo de exclusión social "recibirán antes la sanción que las ayudas sociales", ha asegurado el portavoz socialista José Hila en la comisión extraordinaria de Servicios a la Ciudadanía que tramita la normativa.

"La presentación de 2.019 alegaciones al proyecto de ordenanza, 1.903 de las cuales solicitan su retirada tendría que obligar a una reflexión y a un mayor consenso por parte del Gobierno municipal", ha manifestado Hila, quien ha apuntado que el propio informe jurídico que acompaña el proyecto apunta que las alegaciones incorporadas no suponen un cambio sustancial del texto inicial.

La aprobación de una ordenanza que fomentara la convivencia ciudadana era un punto previsto dentro de la actual ordenanza del botellón, pero el PP ha creado un texto que, según el portavoz socialista, "tiene poco de cívico, persigue toda actividad en la calle y marginaliza todavía más a los colectivos más vulnerables. Y todo esto, sucede en un momento en que un 24,2 por ciento de la población de las Islas vive por debajo del umbral de la pobreza".

El socialista ha explicado que antes se establecía la obligación de presentar un plazo de tres meses un plan por el abordaje integral del trabajo sexual, un plan de inclusión social y un programa de actuación para personas sin techo, y un plan de reinserción social y laboral. "Con la nueva redacción, el plazo se amplía a seis meses, pero para la aprobación de un calendario para la redacción de estos planes, algo que no veremos en esta legislatura", ha criticado.

Tras una primera lectura del informe de las alegaciones y de los cambios introducidos en la ordenanza, el PSIB considera que el proyecto que se aprueba supone pasos atrás en las políticas desarrolladas en la anterior legislatura.

"Se da la paradoja que la única ordenanza que había cumplido su función, la ordenanza del uso cívico del espacio público, la del botellón, quedará derogada con la entrada en vigor de la ordenanza cívica, a pesar de que esta nueva normativa no se habla del fenómeno", ha lamentado antes de remarcar que la ordenanza del botellón -aprobada por unanimidad en febrero de 2011- cumplió su primer objetivo de acabar con el botellón del Paseo Marítimo.

Otra cuestión que los socialistas ven relevante es que la ordenanza sólo pretende resolver los problemas de Playa de Palma, para lo que recoge un puñado de actuaciones previstas en otras normativas municipales que, en este momento, el equipo de Gobierno ha demostrado que es "incapaz de aplicar", concluyen.