Archivo - Grupo del PSIB en el Consell de Mallorca. - PSIB - Archivo
PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSIB ha rechazado que el Consell de Mallorca traspase a los ayuntamientos la gestión de las ayudas sociales por la guerra en Oriente Medio y que "obligue" a los municipios a aplicar los criterios "ideológicos y discriminatorios" que propuso Vox, como la exigencia de cinco años de residencia continuada.
En el pleno insular de este jueves, la consellera socialista Sofia Alonso ha advertido que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) "no puede obligar a los ayuntamientos a aplicar criterios que excluyen vecinos y vecinas que ya forman parte de la comunidad y que contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos".
Los socialistas han subrayado en una nota de prensa que tanto la ley de servicios sociales de Baleares como la cartera insular de servicios sociales establecen que las personas destinatarias de estos servicios son las residentes en Mallorca, sin ninguna distinción basada en la antigüedad del padrón.
Según Alonso, "la vulnerabilidad no entiende de tiempo de residencia, y es inadmisible que se quiera condicionar el acceso a ayudas esenciales a un criterio ideológico y profundamente injusto".
La formación ha defendido una moción que rechaza frontalmente esta "discriminación impuesta por la ultraderecha y aceptada" por el presidente insular, Llorenç Galmés.
"Todavía es más denigrante que el Consell pretenda trasladar a los ayuntamientos un modelo de ayudas sociales que contraviene el marco legal y que impone barreras administrativas que dejan personas vulnerables en situación de desprotección severa", ha lamentado.
En este sentido, la socialista ha criticado que el IMAS ha anunciado que delegará la gestión de estas ayudas a los municipios "sin ninguna planificación previa ni coordinación" con los servicios sociales comunitarios.
Así, ha acusado al equipo de gobierno de "improvisar" y "cargar sobre los ayuntamientos" una gestión que, ha insistido, "no ha sido consensuada ni preparada".
El PSIB ha defendido que los criterios de acceso a las ayudas tienen que basarse en la renta disponible, las cargas familiares y la situación económica.