PALMA DE MALLORCA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario PSM-IniciativaVerds-Entesa y Més per Menorca ha criticado la "guerra absurda y muy peligrosa" del Govern tras la aparición de un nuevo documento de anteproyecto de Ley de función pública, que "rebaja la oficialidad de la lengua propia" de Baleares.
En este sentido, el diputado de la coalición Nel Martí ha aseverado que este nuevo anteproyecto es "diferente de los dos que hasta ahora se han expuesto en trámite de audiencia, y en el que aún se recorta y se minusvalora más el conocimiento y el uso del catalán en el ámbito de la administración pública". Asimismo, la formación nacionalista y ecologista ha destacado varias de las modificaciones.
En primer lugar, según el PSM-IV-ExM, el nuevo redactado establece que mientras la administración no determine en la Relación de Puesto de Trabajo los lugares que tengan como función principal la información y la atención al público o los que por sus características especiales sea imprescindible el conocimiento de un determinado nivel de catalán quedarán excluidos de este requisito.
Además, "añaden una nueva disposición que modifica la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las Policías Locales de Baleares, en el sentido de eximir a los policías locales y los auxiliares de policía de los conocimiento de lengua catalana como requisito de acceso y de provisión".
La formación ha señalado que cada nueva versión del anteproyecto no hace más que "profundizar" en el hacer del catalán "una lengua innecesaria a la administración pública".
"ABSOLUTO DESPRECIO A LOS CIUDADANOS QUE HAN HECHO SUS ALEGACIONES"
Por otra parte, los nacionalistas y ecologistas han criticado la "forma de actuar del presidente Bauzá" y han reseñado que utilizar una nueva versión de anteproyecto cuando aún no se han contestado las alegaciones supone un "desprecio absoluto al trámite de audiencia, y una burla a las 12.057 personas que han expresado su posición".
Así, según la coalición, el Govern debería hacer caso a los juristas de Baleares y ha recordado que éstos han remitido a los diputados un informe en el que, entre otras cosas señala que "la supresión de esta capacitación como requisito para el acceso a la función pública "entra en contradicción directa con el estatuto de oficialidad otorgado hasta ahora en catalán".
"En la actualidad, la administración autonómica, los Consells Insulars y los ayuntamientos siguen el modelo denominado de bilingüismo de los servicios y bilingüismo de los agentes. Es decir, los aparatos administrativos en su conjunto, y todos los empleados públicos que les sirven, deben estar preparados para garantizar plenamente el derecho de opción lingüística que asiste individualmente a todos los ciudadanos".
Finalmente, han opinado que la actual posición del PP en materia lingüística rompe el consenso del 1986, y el marco de mínimos sobre los que la Comunidad Autónoma había edificado las relaciones lingüística.
