El PSM-IV-ExM dice que es una "vergüenza" que el "decreto Company" no contemple ni una sola medida sostenible

Alorda Y Santiago
EUROPA PRESS
Actualizado: lunes, 28 mayo 2012 15:37

Alorda lamenta que se deje edificar en una parte del ANEI de Cala Blanca


PALMA DE MALLORCA, 28 May. (EUROPA PRESS) - -

El diputado del PSM-IV-ExM, Antoni Alorda, ha manifestado que es una "vergüenza" que el decreto ley de medidas urbanísticas, el 'decreto Company', no contemple ni una sola medida sostenible, sino que ocurre lo contrario, "ayuda" a construir en suelo rústico y en zonas protegidas.

En concreto, Alorda ha criticado que la futura ley posibilite la construcción de alguna de las urbanizaciones prohibidas por el gobierno del Pacto, como es el caso de Cala Blanca, "una de las pocas playas verdes que quedan en el litoral andritxol".

De esta forma ha criticado que el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, que se debatirá este martes en el Parlament, "deja que una parte del ANEI de Cala Blanca se edifique", tirando por tierra lo que prometió el PP al inicio de legislatura que aseguró que "no se tocaría ningún espacio protegido".

En este punto, Alorda ha recordado que Cala Blanca es el mismo espacio donde en el 2007 el PP se sumó a las reivindicaciones del PSM para preservar la zona, en una manifestación que estuvo encabezada por el alcalde de Andratx, Jaume Porsell, y otros miembros de la agrupación local 'popular'. "Ahora pretenden urbanizar este lugar con el apoyo de esta ley", ha criticado.

Con todo, el diputado del PSM-IV-ExM ha indicado que "no le extraña" que el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, se haya afiliado al PP, a quien "le aseguramos muchos años juntos y un gran futuro, ya que es un matrimonio que se llevará muy bien", ha añadido al respecto.

El Decreto Ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible -que está siendo tramitado como proyecto de ley- fue aprobado el pasado mes de febrero en Consell de Govern y fija una nueva regulación de suelo urbano y urbanizable y que permitirá que los ayuntamientos de las islas puedan llevar a cabo modificaciones urbanísticas aunque "no les quita la obligación de adaptarse" a los planes territoriales.