Los residentes de la antigua cárcel de Palma se plantan ante el alcalde: "¿Dónde vamos a vivir, debajo de un puente?"

PALMA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres de las cerca de 200 personas que residen en la antigua prisión de Palma han protestado ante el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, por la falta de alternativas habitacionales ante el desalojo ordenado por el Ayuntamiento.

    Lo han hecho durante el pleno municipal de este jueves acompañados por la portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca, Ángela Pons, en el turno de intervención reservado para las entidades ciudadanas.

    Uno de los residentes de la antigua prisión y que próximamente será desalojado es Silvino, de 71 años y enfermo. "Nos quieren echar fuera, y no lo entiendo. Esto pasa gracias a los políticos que tenemos, que nos quieren echar a la calle. ¿Dónde voy a vivir, debajo de un puente?", se ha preguntado.

    Luisa, una mujer de 58 años y que también padece una enfermedad por la que necesita tratamiento médico, es otra de las personas que ocupan de forma ilegal el inmueble junto a su marido, de 61 años y quien cobra 1.015 horas

"Vengo para preguntarle al señor alcalde: ¿qué vamos a hacer todas las familias que nos quedamos en la calle? No nos gusta estar en la prisión, a ninguno, pero no podemos acceder a una vivienda. Yo le invitaría a que estuviera una semana con nosotros, no se vive nada a gusto", ha dicho.

    Ella y su marido, ha asegurado, llevan ocho años en la lista de espera del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) esperando que les ofrezcan un piso a un precio asequible. "Necesitamos una solución, señor alcalde. Por favor, ponga su mano en el corazón", ha implorado.

Aurora es otra de las residentes del inmueble, que es de titularidad municipal y que el Ayuntamiento pretende recuperar para desarrollar un proyecto de vivienda y construir una rotonda que correrá a cargo del Consell de Mallorca.

    Esta mujer ha explicado que recientemente, buscando un lugar en el que vivir, se topó con un anuncio que, por 1.500 euros, ofrecía vivir en un piso con la condición de solo cocinar y ducharse dos veces a la semana. "Al menos en la cárcel puedo hacerlo todos los días", ha contrapuesto.

    "Esta es la realidad", ha subrayado la portavoz de la PAH, quien ha destacado que buena parte de los moradores de la antigua prisión son trabajadores que, pese a percibir una nómina cada mes, se ven abocados a vivir en "condiciones infrahumanas".

    También ha aprovechado su intervención para criticar que los servicios sociales municipales "han ido tan pocas veces a la prisión en los últimos años que con las dos manos me sobran para contarlas" y que las alternativas habitacionales que les ofrecen "no son viables".

    "No las querríais ni para vuestros perros", ha espetado la activista por la vivienda a los miembros del equipo de gobierno. "Gobernar significa proteger. Les pagamos un sueldo cada mes no para hacer una oficina antiokupación, sino para que no la tengan que hacer porque hayan construido vivienda social", ha sentenciado.

UNA CONVERSACIÓN CON BONET

Poco después, en el recibidor del salón de plenos del Ayuntamiento, los residentes de la antigua cárcel y la activista han mantenido una conversación con el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, quien anunció el inicio del proceso de recuperación del inmueble el pasado martes.

    "Vamos a buscar todas las opciones", ha asegurado el regidor para dar respuesta a los reclamos de los ocupantes. "Los que decían que no quieren cumplir con la voluntariedad que se les exige para tener una solución habitacional y decidan quedarse en la prisión, se quedarán ahí hasta que un juzgado se pronuncie", ha añadido.

    Bonet ha recordado que los servicios sociales municipales y la Policía Local de Palma están trabajando en la elaboración de un censo actualizado para conocer el número exacto de residentes, una cifra que se debería conocer el viernes.

    "A partir de mañana podremos empezar a decir cuántas soluciones habitacionales podemos poner encima de la mesa", ha adelantado el regidor, quien dijo que solicitaría colaboración al Obispado de Mallorca, a la Autoridad Portuaria, a la Delegación del Gobierno e incluso al Ejército.

    "Os pido confianza en el equipo de gobierno. Lo que no se ha hecho hasta ahora se va a empezar a hacer", ha zanjado Bonet.