Rodríguez reclama al Govern declarar Baleares zona tensionada y promover las VPO para acogerse al plan de vivienda

   PALMA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha pedido al Govern que declare el archipiélago como zona de mercado residencial tensionada y promueva la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) para desplegar plenamente el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

   Esta ha sido una de las reivindicaciones que ha lanzado el representante del Ejecutivo central, en declaraciones ofrecidas este miércoles a los medios, con motivo de la aprobación del plan habitacional dotado con 7.000 millones de euros, 168 de ellos para Baleares.

   Por eso, ha pedido al Govern que se sume al Gobierno para "acompañar el esfuerzo inversor" del Estado, puesto que ha recalcado que, pese a que las competencias de vivienda son autonómicas, la aportación estatal sería del 60 por ciento y el 40 por ciento restante provendría de las comunidades.

   Así, ha defendido que el plan busca la "cooperación" y la "cogobernanza" con las comunidades autónomas para impulsar la inversión en VPO en régimen de alquiler, ayudar en la rehabilitación y "frenar la especulación".

   Rodríguez ha solicitado al Govern que "active de nuevo" la construcción de VPO frente a las viviendas de precio limitado (VPL), lo que ha afirmado que encarece las segundas un 36 por ciento frente a las primeras. Además, ha censurado que deje en "manos de la iniciativa privada" el control de las listas de demandantes.

   "Es necesario para no expulsar a trabajadores y clases medias que viven el drama de la vivienda en Baleares, dar ese impulso definitivo a la VPO, ejercer el derecho de tanteo y retracto, sacar del mercado del alquiler turístico viviendas que deberían estar en el mercado residencial y frenar la compra especulativa", ha subrayado.

   Otro de los elementos que ha planteado, es que se tiene que "frenar" la subida de los precios de los alquileres con la declaración de estas zonas tensionadas. El motivo sería que las ayudas del plan de vivienda "no irían destinadas al objetivo que se persigue", que es que el inquilino pague menos y no que el propietario pueda cobrar más.

   "Limitar los precios del alquiler es una obligación, es de justicia y no hacerlo es abonar la especulación. No es posible que familias que desde hace cinco años pagan 700 u 800 euros por un alquiler y ahora les digan que son 1.500 o 1.600 ¿De qué sirve una ayuda del alquiler a estas familias?", ha argumentado.