PALMA DE MALLORCA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Cuentas no detectó ninguna irregularidad penal en la gestión económica del Govern durante el 2009, tal como ha señalado el síndic mayor, Antoni Mas, quien ha remarcado que si en el informe de ese año se hubiese descubierto alguna incidencia de este tipo, se hubiera puesto en conocimiento del Juzgado, tal como obliga la Ley.
Tras presentar el citado informe a la presidenta del Parlament, Aina Rado, Mas ha desvelado que algunas entidades dependientes y vinculadas a la CAIB no suministraron a la Sindicatura de Cuentas la información relativa a los contratos adjudicados durante el 2009 por un importe igual o superior a 150.000 euros.
Respecto a las subvenciones adjudicadas por el Ejecutivo durante el 2009, que ascendieron a 316,2 millones de euros, la Sindicatura considera que se debería exigir un cumplimiento más "esmerado" de las solicitudes y las justificaciones, con "concreción de los proyectos y detalle de los presupuestos; memorias justificativas fechadas y firmadas; explicación de la imputación de los costes indirectos; facturas subvencionables; comprobantes de pagos y cumplimiento de plazos.
Asimismo, la Sindicatura de Cuentas recomienda que en la selección de los proyectos subvencionables por parte de las entidades dependientes del Govern, se apliquen "los principios de publicidad y concurrencia, así como la justificación de su elección y que se cumpla el procedimiento previsto para la aprobación de subvenciones por el órgano competente".
Respecto a IB3, estima que en el 2009, el ente se situaba en el supuesto de disolución previsto en el artículo 260 de la Ley de Sociedades Mercantiles, debido a que el endeudamiento vivo agregado se situaba al cierre de ese año en 42 millones de euros, frente a los 181 millones del inicio de ese ejercicio. No obstante, la Sindicatura hizo esta consideración antes de que el Govern asumiera un año más tarde la deuda del ente a cambio de que éste cumpla los compromisos económicos establecidos en el contrato programa.
Otra de las recomendaciones que la Sindicatura hacía en el 2009 era "reducir la estructura y la composición del sector público autonómico y que se vele por su adaptación a la satisfacción de las necesidades públicas, bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía".
En este sentido, Mas ha recordado que en 2010, se aprobó la Ley del Sector Público con la que, según ha apuntado, "se supone que se darán los pasos" para reducir la estructura pública del Govern.
(HABRÁ AMPLIACIÓN).
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