Situación de la antigua prisión de Palma: "¿Dónde irán las personas que la abandonen voluntariamente?"

   PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Los colectivos Arran, Menys Turisme Més Vida, Organización Juvenil Socialista (OJS) y Sindicat Habitatge de Palma (SHP) han acusado este lunes al Ayuntamiento de Palma de eludir las competencias propias en relación a la antigua prisión y trasladar a otras entidades como la Iglesia o el Ejército la responsabilidad sobre las personas desalojadas.

   En una rueda de prensa conjunta, representantes de estos colectivos han hecho un llamamiento a responder con conciencia de clase trabajadora al desalojo de la antigua prisión.

   "No es un hecho aislado. Se enmarca dentro de una profunda crisis de vivienda, agraviada en Mallorca por la turistificación, que hace prácticamente imposible el acceso de la clase trabajadora a la vivienda y dentro de una oleada reaccionaria que criminaliza la pobreza y a las personas migrantes", han señalado en un manifiesto recogido en una nota de prensa.

   Para estos colectivos, la cuestión va más allá de las 200 personas que puedan ser desalojadas, en referencia a los 245 desahucios que fueron ejecutados en Palma solo en el segundo trimestre de 2025, las personas que viven en caravanas o las familias de Son Bordoy, donde está previsto un proyecto inmobiliario.

   Según han recordado, hace más de una década que en la prisión viven personas, en su mayoría trabajadoras que con el sueldo que tienen no se pueden permitir acceder a una vivienda.

   En 2013 el Ayuntamiento compró este edificio y ha habido varios intentos para desalojarlo. En 2019, han recordado, el alcalde socialista José Hila ya avisó de un proceso judicial. En la actual legislatura, en marzo de 2025 se dio un primer aviso de intentar el desalojo y el 28 de enero de este año se organizó un dispositivo policial en el que se entró y se identificó a 165 personas y se detuvo a una.

INCENDIOS EN EL INTERIOR

   En relación a los incendios que se han sucedido en las últimas semanas y que han servido al Ayuntamiento para justificar el desalojo, las entidades y los residentes en la instalación han insistido en que han sido provocados desde fuera y no por la mala situación de limpieza de las personas del interior.

   "El Ayuntamiento ha empleado estos incendios para hacer ver que la gente no puede seguir allí y empezar el proceso de desahucio, un riesgo inexistente, puesto que según el mismo Ayuntamiento no hay riesgo de derrumbe, condición necesaria para iniciar el proceso", han alertado.

FALTA DE ALTERNATIVA

   Después de conocer que el Consistorio facilitaría una alternativa habitacional a quienes decidieran abandonar voluntariamente el inmueble, los colectivos han advertido, sin embargo, que la realidad es que los servicios sociales de Palma están saturados y no hay alternativa materializable a corto plazo.

   En este sentido, han recordado que en 2025 más de un millar de personas vivían ya en uno de los 37 asentamientos de chabolas que hay en la ciudad, que los trabajadores de Ca l'Ardiaca denuncian que las instalaciones estás saturanas, y que los sindicatos alertan de plagas de chinches en centros del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

   En esta línea, en noviembre de 2024 la red de inclusión social del IMAS tenía 571 plazas en los centros. En abril de 2025 había una lista de espera de 150 personas sin hogar para acceder al servicio de primera acogida.

   A juicio de Arran, Menys Turisme Més Vida, Organización Juvenil Socialista (OJS) y Sindicat Habitatge de Palma (SHP), la realidad es que el Ayuntamiento quiere eludir la competencia propia que tiene sobre las personas que se quedarán en la calle a consecuencia de la actuación municipal y que para no asumir esta competencia trasladan el problema a otras instituciones como el Ejército o el Obispado.

   "¿Realmente pueden confiar las personas que se encuentran aquí en que si abandonan voluntariamente esta semana el lugar donde viven el Ayuntamiento les proporcionará una solución? ¿O solo es una estrategia para efectuar el desahucio sin conflicto? ¿Donde irán las personas que abandonen la antigua prisión? La respuesta es evidente, el Ayuntamiento está condenando a más de 200 personas a vivir en la calle", han afirmado.

   Los convocantes han comparado la situación de la antigua prisión de Palma con el desalojo del B9 en Badalona o el desalojo de Can Rova en Ibiza, que dejó 300 personas en la calle.

   Los colectivos han cargado igualmente contra los ayuntamientos y las instituciones de izquierdas que en la anterior legislatura, a su parecer, se mostraron incapaces de revertir la situación.

CRISIS DE LA VIVIENDA

   Para las entidades que han convocado la rueda de prensa, la situación de la antigua prisión es la consecuencia más cruda de la crisis de la vivienda.

   "Casa vez hay más personas que se ven abocadas a vivir en infraviviendas, caravanas o en la calle. La falta de acceso a una vivienda no afecta solo el sector más pobre de la sociedad, sino que es transversal a toda la clase trabajadora. No se puede entender la crisis de vivienda que vivimos sin enmarcarla dentro de un sistema que nos aboca a la miseria. La vivienda no puede ser nunca un negocio, tiene que estar al servicio de la clase trabajadora", han señalado.

   Los convocantes han criticado igualmente los discursos de criminalización hacia los moradores de la antigua prisión, así como lo que han considerado una "militarización" de la zona con la presencia de la policía.

   "El Ayuntamiento de Palma, como es tendencia en todo el Estado, aumenta los presupuestos en recursos policiales, con el argumento de la seguridad, y castiga aquellos que buscan una alternativa en el mundo de miseria que vivimos", han concluido.