PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La cuarta sesión del juicio a 'Los Peludos', celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, ha arrancado este jueves con la declaración de un policía en calidad de testigo, quien ha considerado que seis de los 23 acusados no tienen vinculación alguna con la supuesta actividad ilegal del clan.
En su declaración, el policía ha explicado que la investigación se inició a raíz de las advertencias de algunos vecinos de la zona, que avisaron de que varios de los acusados se dedicaban a usurpar viviendas y alquilarlas ilegalmente.
Principalmente actuaban en la zona de Son Gotleu, aunque también en la Soledad, Polígono de Levante, Cala Mayor o el Arenal de Palma, de acuerdo al escrito del fiscal.
Asimismo, ha señalado que algunos detenidos por ocupación reconocieron a varios miembros del clan como las personas que, de manera irregular, les habían alquilado el piso.
También declararon que les proporcionaron contratos falsos y que llegaron a recibir amenazas si había problemas a la hora de cobrar el alquiler, ha asegurado el policía.
Además, se ha reafirmado en la versión de la Fiscalía, cuyo escrito asegura que los miembros del clan aprovechaban de personas vulnerables con pocos recursos económicos, migrantes e incluso menores de edad, que desconocían la titularidad real de las viviendas.
De hecho, el policía ha asegurado que los miembros del clan "vivían de ocupar estas viviendas y usurparlas con ánimo de lucro, engañando a las personas".
Asimismo, ha considerado que los hechos constituyen un delito de organización criminal, porque "había jerarquía de tareas, coordinación y pertenencia en el tiempo".
También ha descrito las labores que cada uno desempeñaba dentro de la supuesta red criminal: usurpación de la vivienda, alquiler de las mismas, organización de la actividad, manipulación de las cerraduras, enganches ilegales o cobro los alquileres irregulares, entre otras.
LOS HECHOS
Los hechos ocurrieron entre octubre de 2013 y mayo de 2014, cuando los acusados se dedicaban, presuntamente, a localizar viviendas desocupadas, cambiar sus cerraduras, acondicionarlas y alquilarlas de manera ilegal.
Al parecer, en los contratos falsos incluían también el precio del agua y la electricidad, que adquirían irregularmente mediante enganches ilegales.
En los registros llevados a cabo por la Policía, el fiscal asegura que se intervinieron varias armas, como katanas, pistolas, cadenas o cuchillos, así como un total de diez vehículos y otros objetos sospechosos.
Por los delitos de organización criminal, tenencia ilícita de armas, usurpación de viviendas, coacciones y defraudación del fluido eléctrico y del agua, la Fiscalía pide para ellos más de 104 años de prisión y multas que ascienden a más de 190.000 euros.
Asimismo, el Ministerio Fiscal ha solicitado para todos ellos, menos para uno, la prohibición de aproximarse a Son Gotleu por un periodo de cinco años.
