Considera que la empresa sólo quiere quedarse con el 20% de los trabajadores y realizar un despido colectivo sobre el 80% restante
PALMA DE MALLORCA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de 150 trabajadores de Spanair se concentraron esta mañana frente al Consolat de Mar para instar a la Dirección General de Trabajo del Ministerio a que amplíe el plazo de consultas del Expediente de Movilidad Geográfica durante un periodo de seis meses, con el fin de evitar que los traslados de los empleados de Servicios Generales de Palma a Barcelona se realicen a partir del 15 de septiembre, tal como prevé la aerolínea.
Durante la concentración, la presidenta del Comité de Empresa de Spanair, Eva Marín, recordó que el pasado 24 de julio comenzaron las notificaciones del traslado a Barcelona, por lo que indicó que ya se ha abierto un plazo inamovible de 30 días para que los afectados se pronuncien sobre si se acogen a esta medida de la dirección de Spanair o si rescinden voluntariamente sus contratos.
"¿Cómo pueden afirmar que quieren negociar si ya han empezado a ejecutar el traslado?", se preguntó Marín, quien recordó que ante esta negativa a ampliar el plazo durante seis meses, los sindicatos han decidido convocar una huelga indefinida a partir del próximo 7 de agosto, porque "nos vemos que dentro de nada estaremos en el paro sin posibilidad de encontrar trabajo, dada la situación actual".
Además, criticó que para aquellos trabajadores que puedan trasladarse a Barcelona les espera un futuro "incierto", dado que la compañía "no tiene hoy por hoy un plan de viabilidad, ya no para años venideros, sino para los próximos meses".
Por esta razón, Marín suplicó a la Dirección General de Trabajo del Ministerio que amplíe el citado plazo, debido a que "lo único que quieren los trabajadores de Spanair es que haya un futuro para la aerolínea y que puedan negociarse unas condiciones que sean equitativas para todos, de forma que éstas supongan la supervivencia de la compañía".
La presidenta del Comité de Empresa explicó que ha presentado esta solicitud ante el Ministerio de Trabajo, que ha sido apoyada con otro informe remitido por la Dirección General de Trabajo del Govern, debido a que la dirección de Spanair "sigue su estrategia sin tener en cuenta al colectivo de Servicios Generales, ni a sus representantes".
En esta línea, criticó que Spanair pretende trasladar a 480 trabajadores de Palma a Barcelona con el mismo sueldo y sin asegurarles el puesto de trabajo en los próximos tres meses y a sabiendas de que el 80 por ciento de la plantilla cobra entre 800 y 1.100 euros.
De este modo, señaló que lo único que les ha ofrecido la empresa para facilitarles el traslado es una noche de hotel para que hagan las gestiones del cambio de domicilio y una inmobiliaria que ayudará a los trabajadores, durante el mes de agosto, a "mover a todas sus familias, vender sus casas y buscar colegio para sus niños en unos colegios en los que ya se ha cerrado el plazo de matriculación".
En este sentido, manifestó que los trabajadores no sólo no saben dónde vivirán en la capital catalana, sino que teniendo en cuenta que las plazas escolares se otorgan en junio, sus hijos tendrán que matricularse en colegios "residuales", donde haya plazas libres, es decir, "en los que no hayan querido matricular a sus hijos los residentes de Barcelona".
"En dos meses, ¿quién podrá realizar la venta de su vivienda propia, dada la actual situación de crisis en España?", se preguntó Marín, quien recordó que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de la Vivienda, la venta de casas ha sufrido un descenso interanual del 56,4 por ciento, mientras que el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares apunta que se tarda entre 10 y 12 meses en vender un piso.
Así, advirtió de que con el salario medio de los afectados, que no supera los 1.000 euros, va ser un "reto algo más que difícil mantener dos viviendas" y, además, agregó que los alquileres en Barcelona se sitúan entre los más caros de España, con un precio medio de 1.231 euros al mes, en comparación con los 825 euros en Palma".
DESPIDO DEL 80% DE LA PLANTILLA
Por tanto, insistió en que con estas condiciones, el 80 por ciento de los Servicios Generales de Palma "no se puede trasladar a Barcelona" y estimó que lo que quiere la empresa es "quedarse con el 20 por ciento que tiene sueldos considerables (directivos y mandos intermedios) y realizar un despido colectivo sobre el 80 por ciento restante al mínimo coste legal, con 20 días por año trabajado y sin tener que llegar a ningún tipo de acuerdo con los representantes de los trabajadores.
Finalmente, subrayó que lo único que pide el colectivo de Servicios Generales es un "plan de futuro de la compañía y que unan el colectivo de Servicios Generales a un segundo ERE que ya están exponiendo al resto de colectivos".
