PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) - -
Los trabajadores del Instituto Mallorquín de Asuntos Socialista han recogido más de 2.000 firmas contra la creación del Consorcio de Servicios Sociales y Sociosanitarios de las Islas Baleares que plantea crear el Govern en esta legislatura.
Así, la junta de personal y el comité de empresa del IMAS presentarán este jueves, a las 9:30 horas, en el registro del Consell de Mallorca las firmas contra la creación del Consorcio y también han solicitado participar en el Pleno que tendrá lugar en la sede insular para reclamar a la institución insular que "no tome parte en la creación de este ente".
En un comunicado, el comité de empresa ha expuesto los motivos para oponerse a la creación del Consorcio, entre los que figura "la privatización de todos los servicios de atención a la dependencia, residencias de gente mayor, discapacitados y cualquier otro".
Con todo, ha señalado que la privatización significa "negocio privado, en detrimento de la calidad del servicio, de la atención dispensada a los usuarios dependientes y de las condiciones de trabajo de los profesionales, el copago o el aumento de las tarifas en perjuicio de los usuarios y familiares".
Asimismo, este organismo ha apuntado que la puesta en marcha del futuro Consorcio "empeorará las condiciones de trabajo y retributivas" de los empleados del IMAS "porque haciendo el mismo trabajo, tendrán condiciones laborales diferentes según sean contratados por el propio ente o vengan de la administración que ahora presta el servicio".
De este modo, ha advertido de que el personal de atención directa de usuarios y residentes dependientes, -- que cobra poco más de mil euros mensuales--, "se pueden ver a la calle, si el servicio en que prestan atención a la ciudadanía pasa a manos del consorcio, y acabará en el paro si se decide la privatización".
Por último, desde el comité de empresa han insistido en que se está creando un nuevo ente "innecesario" porque, tal y como han afirmado, las funciones que tiene previsto realizar ya se están gestionando actualmente desde la Comunidad Autónoma, los Consell Insulares y los Ayuntamientos, "sin duplicidades y con gran eficiencia".
