Un Tribunal Militar levanta la sanción a un Guardia Civil de Mallorca por una instancia fuera del conducto reglamentario

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Militar Territorial Tercero ha levantado una sanción a un Guardia Civil de Mallorca penalizado por una instancia fuera del conducto reglamentario, en la que solicitaba medidas de conciliación familiar.

El agente ha estado defendido por el letrado José Manuel López Lorenzo con el apoyo de Independientes de la Guardia Civil, asociación que ha lamentado que "tengan que ser los tribunales los que reparen tropelías administrativas cometidas por mandos".

En detalle, el agente fue sancionado por presentar directamente dos instancias, una de ellas dirigida a la directora general de la Guardia Civil y otra a un superior en Art, el teniente jefe del puesto principal.

A entender del superior, esto constituía una omisión del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud o queja relacionada con el servicio que recoge el régimen disciplinario de la Guardia Civil. Por ello se le impuso una sanción de reprensión por una falta leve.

El Tribunal reconoce que los escritos deberían haber sido cursados por el conducto reglamentario, pero considera que no hay dolo para la comisión de la falta. Es decir, no bastaba con realizar la acción descrita sino que se hiciera "con la intención deliberada de que los superiores no tengan conocimiento de los hechos que se participan".

En este contexto, señala la resolución que el propio mando sancionador admitía en el expediente que en este caso no se podía acreditar cierta intencionalidad por parte del agente sancionado.

Además, la sentencia resalta que "ni el mando sancionador ni quienes resultaban ser los superiores directos del sancionado parecían tener muy claro cuál era la forma en que habían de cursarse las inslancias presentadas".

La sentencia ordena eliminar la anotación correspondiente a la sanción de la documentación del Guardia Civil penalizado.

IGC VE "MALA PRAXIS" EN LA SANCIÓN

Independientes de la Guardia Civil han considerado este caso un ejemplo de "mala praxis", "sin repercusión alguna para los mandos que iniciaron y corroboraron" el expediente de sanción contra el agente.

Aunque en este caso se trata de la sanción más baja que contempla el régimen disciplinario de la Guardia Civil, IGC ha asegurado que "ocurriría igualmente si un mando se empeña en acusar a un subordinado de un delito militar, que conllevaría incluso hasta pena de cárcel": "Igualmente, de demostrarse haber incurrido en una mala praxis, saldrían impunes de cualquier error en sus motivaciones, decisiones o desarrollo".

La asociación ha reiterado su compromiso de lucha junto con sus servicios jurídicos "para que ningún Guardia Civil se quede atrás" en este tipo de procesos.