El TSJIB admite la ampliación de la querella de Europa Press y 'Diario de Mallorca' contra el fiscal Juan Carrau

PALMA DE MALLORCA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha admitido a trámite la ampliación de la querella presentada por Europa Press y 'Diario de Mallorca' y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre contra el juez del 'caso Cursach', Miguel Florit, un escrito con el que extendieron su denuncia al fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, al que consideraban "inductor" de prevaricación y otros delitos.

El Tribunal ha considerado que procede la admisión a trámite de la ampliación "ya que no puede descartarse que los hechos pudieran ser constitutivos de delito".

Además, el TSJIB ha rechazado el sobreseimiento libre que había solicitado el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, calificando la petición de "pretemporánea" porque "la investigación de los citados hechos se encuentra en una fase todavía embrionaria", sin que se hayan practicado "las mínimas diligencias necesarias".

AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA

La admisión de la querella contra Florit y Carrau ha sido declarada en una resolución dictada este viernes por la magistrada Felisa Vidal. La ampliación también pedía incluir como hechos presuntamente delictivos el rastreo de datos telefónicos de los móviles de los dos periodistas y el teléfono fijo de la agencia de noticias.

En una de las órdenes dictadas por Florit se pedían casi tres años de listados de llamadas y posicionamientos de la redactora de Europa Press, pese a que no figura como investigada. Todas estas actuaciones fueron avaladas por el fiscal Carrau.

Para la magistrada del TSJIB, "existe entre los posibles delitos a investigar la conexidad" exigida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se investiguen los hechos en una misma pieza. En relación al fiscal, "también debe predicarse la conexidad de los delitos atribuidos" dada su intervención en los hechos.

Así, la magistrada declara que "procede la admisión a trámite de la ampliación de la querella solicitada", ya que "no puede descartarse que los hechos a los que se refiere la ampliación pudieran ser constitutivos de delito".

PEDIRÁ AL JUZGADO LOS AUTOS QUE INTERCEPTABAN COMUNICACIONES

Asimismo, el TSJIB ha accedido a la petición de los querellantes de que se recaben la totalidad de las actuaciones practicadas en la pieza por descubrimiento de secretos instruida en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma.

"De lo recabado hasta el momento y de lo alegado resulta que es pertinente atender a lo solicitado, puesto que se hace necesario el conocimiento total y no fragmentario de lo acordado en las diligencias previas", razona la magistrada.

Así, el Tribunal Superior de Justicia solicitará al Juzgado "cuantos autos de interceptación de comunicaciones se hayan adoptado, comprendidos los de incorporación al proceso de datos de tráfico y/o localización", y los incorporará a la instrucción de la querella.

RECHAZA EL ARCHIVO DE LA CAUSA QUE PIDIÓ EL FISCAL JEFE

Asimismo, en otra resolución dictada este viernes, el TSJIB ha rechazado el archivo de la causa que había pedido el fiscal Barceló. En los fundamentos jurídicos, la magistrada argumenta que "singularmente, resulta que no se ha incorporado a la causa dato alguno desconocido por el Ministerio Fiscal al tiempo de la admisión a trámite de la presente querella". Además, la juez del TSJIB recuerda "que el fiscal no se opuso a dicha admisión a trámite".

"En consecuencia, y dado que de lo actuado hasta el momento no se puede descartar que los hechos investigados pudieran ser constitutivos de infracción penal, no cabe acceder al solicitado sobreseimiento libre", concluye la magistrada, que añade que cabe "tildar dicha solicitud de pretemporánea".

"ACTUACIÓN ANTIJURÍDICA" POR PARTE DE CARRAU

En la ampliación de la querella, los afectados sostenían que fue el fiscal, "con su actuación antijurídica", quien promovió la "arbitraria" actuación de Florit y la "grosera conculcación" de los derechos fundamentales de los periodistas en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma.

Argumentaban que Carrau obvió "la existencia del derecho fundamental al secreto profesional" en sus informes dando luz verde a las actuaciones del juez, y razonaban que el fiscal no se limitó a pronunciarse a favor de la requisa de los equipos, sino que además "expresamente pidió" que el acceso a la información abarcara "whatsapps, mensajes, correos electrónicos y otras redes sociales". Así, señalaban que Carrau "se colocó en la posición de inductor de las actuaciones del magistrado" Miguel Florit.

Por otra parte, con la ampliación los periodistas pedían investigar las órdenes de rastreo telefónico, que no eran conocidas en el momento en el que se presentó la querella inicial. El TSJIB remitió a los afectados parte del sumario de la pieza por revelación de secretos instruida en el Juzgado, y esta documentación reveló que se había accedido en varias ocasiones a los listados de llamadas y posicionamientos de los teléfonos de los redactores.

Los medios de comunicación afectados entienden que el estudio de sus datos telefónicos "conculca el derecho al secreto a las comunicaciones" recogido en la Constitución Española y "vulnera el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos", además del secreto profesional periodístico.

Cabe recordar que la Fiscalía avaló la solicitud a las compañías telefónicas considerando la medida "no invasiva" y "proporcionada". Además, en uno de los autos dictados por Florit, el juez señalaba que en ese momento no estaba "identificado el autor o autores de la filtración efectuada y precisamente se persigue con estas medidas averiguar su identidad".

La querella se presentó después de que tres policías y una secretaria judicial se presentaran en la sede de Europa Press en Baleares con una orden judicial y se incautaran del móvil de la periodista Blanca Pou. Esa mañana también requisaron el móvil al periodista de 'Diario de Mallorca' José Francisco Mestre, en los Juzgados.

Tanto los redactores como los medios de comunicación afectados presentaron una querella por prevaricación, delito contra la inviolabilidad del domicilio y delito contra el secreto profesional contra Florit, que fue admitida a trámite. Posteriormente, el juez anuló el auto de requisa, diez días después de firmarlo.