Vecinos de El Terreno revelan que el funcionario que investiga anticorrupción firmó la licencia de obras a Yongyi

Actualizado: martes, 18 diciembre 2007 11:54

PALMA DE MALLORCA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La licencia de obras otorgada a la empresa Yongyi SL, que permite la realización de un aparcamiento subterráneo de tres plantas y de diez viviendas en El Terreno, fue firmada en un plazo de 14 días a partir de su solicitud por el aparejador municipal Aurelio Viñals, denunciado por el Ayuntamiento de Palma a la Fiscalía Anticorrupción.

Así lo manifestó a Europa Press el miembro del Grupo El Terreno, Paco de Diego, que aglutina a unas cien familias afectadas por los trabajos de construcción que permiten esa licencia, todas ellas residentes entre el número 56 de la calle José Villalonga y el número 19 de Dos de Mayo, adyacentes al solar afectado por el proyecto de la promotora.

Ante esta situación, el portavoz vecinal consideró que esta circunstancia recién conocida "debería incidir" positivamente en la solicitud realizada al Ayuntamiento de que paralice cautelarmente la obra mientras se resuelve el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la licencia municipal, que aún está pendiente de resolver.

La licencia de obras otorgada inicialmente a Yongyi SL permitía realizar diez viviendas unifamiliares con el correspondiente párking individual para cada una. Sin embargo, posteriormente, se realizó una modificación del permiso, que fue firmada por Viñals, y que prevé la construcción de tres plantas de sótano con más de 90 aparcamientos, lo que "no se ajusta a la ley", según De Diego.

Cabe señalar que, según han expuesto reiteradamente los miembros del Grupo El Terreno, los trabajos de construcción del párking y las viviendas han provocado durante los últimos dos años numerosas grietas en las casas colindantes, así como ruidos y molestias ocasionados por el paso de camiones de gran tonelaje.

Por lo que se refiere al aparejador municipal Aurelio Viñals, actualmente se encuentra suspendido de empleo y sueldo, e investigado por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach por presunto tráfico de influencias, mientras el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional estudia el origen de su patrimonio para desvelar posibles irregularidades.