MÉXICO DF, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de la Judicatura Federal de México (CJF) ha abierto este domingo un proceso contra siete militares presuntamente involucrados en una presunta matanza de 22 delincuentes en la localidad de Tlataya, en el estado de México, según ha informado el diario mexicano 'La Jornada'.
El organismo ha detallado que a uno de los militares, concretamente al teniente Ezquiel Rodríguez Martínez, se le ha imputado el delito de encubrimiento, mientras que a los otros seis se les ha imputado su presunta responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público.
Asimismo, a otros tres se les ha atribuido una presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado de ocho presuntos secuestradores, así como abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y las pruebas del delito. De esta forma, los siete acusados han quedado a disposición del Juzgado Cuarto del distrito.
"Atendiendo al lugar donde dichos inculpados se encuentran privados de su libertad, esta autoridad jurisdiccional (juzgado cuarto de distrito) envió un exhorto a un juez de distrito de procesos penales federales en la ciudad de México, para que en auxilio les recabe la declaración preparatoria y resuelva sus situación jurídica dentro del término de ley", ha remachado el CJF.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, detalló a finales de septiembre que los militares "incurrieron en el exceso de la fuerza" y que, tras el tiroteo con los presuntos delincuentes, "entraron (en el edificio) tres de los elementos militares y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna".
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había mantenido hasta el momento que se trató de un enfrentamiento entre miembros del Ejército y personas armadas que agredieron a los soldados.
Sin embargo, las declaraciones de Murillo Karam coinciden con las versiones de varios testigos, que --en declaraciones a la edición mexicana de la revista 'Esquire'-- insistieron en que se trató de una "ejecución", después de que los delincuentes se rindiesen.
Por su parte, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró (cuando surgió la polémica) que el Ejército respetará en todo momento los Derechos Humanos de la población civil y añadió que "quien no lo haga será puesto a disposición de las instancias jurídicas para que sean ellas las que determinen las sanciones correspondientes".
"Nuestro compromiso es y será, a pesar de los riesgos a los que se ven expuestos las tropas, proteger a la sociedad a la que nos debemos, respetando los derechos fundamentales", sentenció.
