MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El abogado del expresidente paquistaní Pervez Musharraf ha condenado firmemente este viernes el punto de la sentencia a muerte contra el exmandatario por traición que contemplaba la exhibición pública de su cadáver durante tres días si moría antes de ser ejecutado.
Un tribunal creado 'ex profeso' para analizar el caso concluyó el martes que era culpable de alta traición por subvertir la Constitución al declarar en 2007 el estado de emergencia.
La difusión de los detalles de la sentencia ha provocado polémica por las alusiones que hace a la detención y ejecución de Musharraf, que según los jueces debería ser "colgado del cuello hasta su muerte".
En caso de que no pudiese ser detenido y "fuese hallado muerto", su cuerpo debería ser llevado hasta una plaza del centro de Islamabad para su exhibición pública, según el diario paquistaní 'Dawn'.
En este sentido, Toby Cadman, abogado de Musharraf, ha resaltado que "un tribunal no tiene, ni debería tener nunca, competencia para ordenar la profanación de un cadáver". "Es una acción que va más allá de la comprensión, tanto desde un punto de vista moral como legal", ha añadido.
Asimismo, ha expresado su preocupación por el hecho de que el veredicto no mencione la posibilidad de repetir el juicio si Musharraf vuelve al país y ha recalcado que el fallo "no tiene precedentes".
Cadman ha sostenido que "estas acciones no tienen cabida en una sociedad democrática, y mucho menos en el siglo XXI", antes de argumentar que el fallo "puede ser interpretado como un asunto 'personal', en vez de seguir el principio de que 'la Justicia es ciega'".
Por ello, ha indicado que el sistema judicial "no debe ser visto como una oportunidad para rendir cuetnas personales" y ha reclamado que el fallo "sea revocado antes de convertirse en una marcha permanente".
El ministro de Justicia, Farogh Nasim, anunció el jueves que el Gobierno solicitará al Consejo Judicial Supremo la inhabilitación del juez responsable del veredicto, Waqar Ahmad Seth. "No entiendo bajo qué autoridad hizo esta observación", afirmó Nasim.
Musharraf declaró el estado de emergencia en noviembre de 2007, suspendió la Constitución y expulsó de sus cargos a los magistrados del Supremo que consideraron ilegal esta decisión.
El exmandatario, que está en libertad bajo fianza por otros cuatro casos por delitos criminales, entre ellos el que le relaciona con el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto, también en 2007, argumenta que las acusaciones tienen motivación política.
Musharraf llegó al poder en 1999 tras un golpe de estado contra el ex primer ministro Nawaz Sharif y dimitió en 2008, tras lo que viajó a Dubái y Londres en un exilio autoimpuesto.
En marzo de 2012 regresó al país con el objetivo de liderar a su partido en las elecciones legislativas, pero un tribunal le descalificó de la carrera electoral y quedó expuesto a una batería de cargos en su contra por sus acciones mientras estuvo en el poder.
En septiembre de 2017, prometió que volvería al país "una vez tenga el alta médica" para ser juzgado en el caso por el asesinato de Bhutto, después de que la justicia le declarara prófugo. En la actualidad reside en Emiratos Árabes Unidos (EAU).
