MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La ONG Amnistía Internacional ha denunciado que las autoridades iraníes "están destruyendo deliberadamente emplazamientos, presuntos o confirmados", de fosas comunes relacionadas con la masacre de presos políticos ocurrida en 1988, y cuyo número de fallecidos oscila entre los 4.800 y los 30.000, según estimaciones de la propia organización y grupos de oposición iraníes.
De acuerdo con Amnistía, desde el 20 de julio de este año han ido apareciendo fotografías y vídeos a juzgar por los cuales parece que la estructura de cemento que señaliza la fosa común y decenas de tumbas han sido destruidas.
Uno de los lugares donde se ha denunciado esta práctica es la localidad de Ahvaz, donde las familias de las personas presas que fueron ejecutadas en 1988 afirman que, en noviembre de ese año, varios miembros de la Guardia Revolucionaria les mostraron una losa de cemento y les dijeron que sus seres queridos estaban enterrados debajo de ella.
Las familias creen que las autoridades vertieron cemento sobre la fosa común inmediatamente después de enterrarlos para impedirles excavar y recuperar los cadáveres.
Ahora, una comisión oficial habla de un proyecto que tiene por objeto construir un "bulevar" y un parque de alrededor de nueve hectáreas ha comenzado a destruir esos lugares. Las familias de las víctimas se enteraron de que este proyecto existía en mayo de 2017.
Según información proporcionada a Amnistía por defensores y defensoras de los derechos humanos que están fuera de Irán, las autoridades municipales les habían prometido que la carretera no pasaría sobre las sepulturas.
Sin embargo, cuando las familias visitaron el lugar el pasado 20 de julio, vieron que las autoridades las habían destruido. Un testigo presencial ha contado que en los días siguientes pusieron alambre de espino alrededor del lugar y que ahora hay en él una fuerte vigilancia.
"Esta destrucción de las sepulturas es continuación de 30 años de desaparición forzada ha negado a las familias el derecho a recibir y enterrar los restos de sus seres queridos de acuerdo con sus tradiciones, profanado el lugar donde están las sepulturas convirtiéndolo en un vertedero de basura, prohibido las ceremonias de duelo y reprimido todo debate público sobre los homicidios", denuncia la ONG.
"La angustia y el sufrimiento causados a las familias por la decisión de las autoridades de someter a desaparición forzada y ejecutar en secreto a sus seres queridos, ocultar el paradero de sus restos y profanar sus sepulturas constituyen una forma de tortura", concluye Amnistía.
